El Consejo Nacional de Estupefacientes dio luz verde al uso del glufosinato de amonio dentro de un plan piloto dirigido a los cultivos ilícitos en Colombia. La medida, reportada por El Tiempo, marca un giro en la estrategia de erradicación y abre una etapa de evaluación técnica sobre el terreno.
La noticia llega en un contexto de búsqueda continua de alternativas al glifosato, cuyo uso quedó suspendido en el país por razones ambientales y de salud pública. Durante los últimos años, las autoridades han explorado opciones que reduzcan el impacto ecológico sin renunciar al control de las zonas afectadas por cultivos ilegales.
El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro con un mecanismo distinto al del glifosato. Mientras el glifosato actúa sobre una enzima específica de la ruta del ácido shikímico, el glufosinato inhibe otra enzima dentro de esa misma ruta, lo que en la práctica produce un efecto herbicida más rápido sobre la vegetación tratada.
Otra diferencia clave está en la residualidad. El glufosinato tiende a descomponerse con mayor rapidez en el suelo, un factor que las autoridades suelen considerar cuando evalúan el impacto sobre ecosistemas frágiles. Esa característica ha sido mencionada en estudios técnicos como una ventaja relativa frente a otros herbicidas, aunque su efectividad depende de las condiciones de aplicación.
El plan piloto implica que la aplicación no será masiva ni inmediata. Primero se adelantarán pruebas controladas para medir resultados en reducción de cultivos, efectos sobre la biodiversidad y respuesta de las comunidades en las zonas intervenidas. De esos resultados dependerá una posible ampliación del programa.
La decisión también tiene implicaciones para las familias que viven en regiones con presencia de cultivos ilícitos. La sustitución de un herbicida por otro puede modificar los protocolos de seguridad, los tiempos de intervención y la coordinación con las autoridades locales, por lo que la comunicación con las comunidades resulta determinante.
En el plano institucional, el aval del Consejo Nacional de Estupefacientes confirma que la política de lucha contra los cultivos ilícitos sigue vigente y se adapta a nuevas alternativas. El gobierno deberá ahora definir los lugares del piloto, los criterios de evaluación y los mecanismos de seguimiento para asegurar transparencia en el proceso.
Queda pendiente el detalle técnico del piloto: áreas geográficas, duración, presupuesto y entidades responsables. También está sobre la mesa el debate público sobre los riesgos sanitarios y ambientales de cualquier herbicida usado en grandes extensiones, un punto que organizaciones ambientales y científicas suelen plantear cuando se discuten estas estrategias.