El presidente Abelardo De La Espriella dio una orden puntual sobre la Agencia de Renovación del Territorio, ART: revisar uno por uno los 7.600 contratos de prestación de servicios y los 13 acuerdos directos vigentes en esa entidad. El reporte oficial señala que esos acuerdos presentan 0 % de avance en su ejecución.
La ART es la entidad del Estado encargada de articular la implementación de los acuerdos de paz en los territorios más afectados por el conflicto y de coordinar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Su labor ha sido determinante para canalizar recursos y proyectos hacia 170 municipios priorizados.
La magnitud del volumen contractual que será sometido a revisión coloca a la ART en el centro de un proceso de inspección sin precedentes recientes. Analistas del sector público consultados por otros medios han señalado que este tipo de auditorías suelen extenderse durante meses mientras se cruza información financiera, técnica y operativa.
La orden presidencial fue difundida por el portal minuto60.com, que tituló su nota: ¿Qué encontró el Gobierno en la Agencia de Renovación del Territorio? Revisará contrato por contrato. El reporte plantea que la administración busca identificar el estado real de cada compromiso firmado y depurar responsabilidades.
Para los territorios PDET, la noticia tiene implicaciones directas. Los convenios que mostró el reporte con 0 % de ejecución corresponden a zonas donde las comunidades esperan obras de infraestructura, proyectos productivos y planes de reparación. Una revisión de esta escala podría traducirse en reprogramaciones, liquidaciones o nuevos procesos de contratación.
En el sector de la contratación estatal, la revisión masiva de convenios de prestación de servicios es una figura habitual cuando se producen cambios de administración. La Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias establecen mecanismos de vigilancia, control y liquidación que las entidades deben aplicar cuando un contrato no cumple el objeto pactado.
El anuncio también reabre el debate sobre el seguimiento a la ejecución de los recursos públicos en zonas de posconflicto. Organizaciones de veeduría ciudadana han pedido en otras ocasiones auditorías abiertas a la ART, argumentando que la dispersión geográfica y la atomización contractual dificultan el control en tiempo real.
De manera paralela, la decisión envía una señal al conjunto de entidades que ejecutan programas derivados de los acuerdos de paz. Sectores vinculados a la cooperación internacional y a la implementación territorial estarán atentos al resultado del barrido, pues los convenios con 0 % de avance pueden derivar en hallazgos administrativos o disciplinarios.
Quedan varias preguntas abiertas sobre el procedimiento y el cronograma. Las autoridades no han precisado públicamente cuánto tiempo tomará la revisión contractual, qué equipo la liderará ni si los hallazgos se traducirán en investigaciones formales. Hasta ahora, el pronunciamiento oficial se limita a ordenar la revisión, según registró minuto60.com.