La denuncia que originó la orden presidencial apunta a que desde el interior del establecimiento carcelario se estarían realizando videollamadas y transmisiones en la plataforma TikTok. De la Espriella reaccionó en un acto público y pidió el traslado inmediato del detenido, identificado como alias Firu. La frase que usó el presidente fue “que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”, según la fuente.
Alias Firu es un apodo con el que se conoce en Colombia a personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. La figura del alias se usa habitualmente en los expedientes judiciales para proteger la identidad de los detenidos mientras avanza el proceso penal. En este caso, el gobierno no entregó detalles adicionales sobre la identidad legal del privado de libertad.
El pedido del presidente se da en un contexto donde el control de las comunicaciones dentro de las cárceles se ha vuelto un tema central. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la entidad encargada de administrar los centros de reclusión y de velar por el cumplimiento del régimen de internación. Las denuncias sobre uso de teléfonos celulares y plataformas digitales en las cárceles son recurrentes y han motivado operativos y decomisos en distintos penales del país.
De la Espriella vinculó la orden a una exigencia directa de control sobre las señales de comunicación que llegan al penal. Con la expresión sobre la “Santa Cruz” hizo referencia a que, a su juicio, ningún tipo de señal debería facilitar el uso de redes sociales o llamadas no autorizadas dentro del centro de reclusión. La petición queda entonces como instrucción presidencial que el INPEC y las autoridades competentes deben ejecutar.
La medida afecta de manera directa a la población carcelaria, porque cualquier refuerzo de seguridad en un penal impacta la rutina diaria de los internos. También toca a las familias de los detenidos, ya que los traslados interrumpen visitas, trámites y el seguimiento a los procesos judiciales. Los organismos de control podrían pedir reportes sobre el cumplimiento de la orden y sobre los protocolos que se activaron tras la denuncia inicial.
Por ahora, el gobierno no entregó información sobre el penal de origen ni sobre el sitio de destino del traslado. Tampoco se conocieron reacciones oficiales de la defensa de alias Firu o de organizaciones de derechos humanos que suelen pronunciarse sobre cambios de centro de reclusión. La fuente consultada es Colombia.com y será necesario esperar los comunicados oficiales para confirmar el lugar al que será enviado el detenido.
Quedan pendientes varios puntos sobre este caso. Aún no se conoce el resultado de la investigación por las presuntas videollamadas y transmisiones en TikTok, ni si hubo capturas, decomisos de equipos o sanciones disciplinarias dentro del penal. El gobierno también deberá precisar cómo piensa reforzar el bloqueo de señales en los centros carcelarios, un debate que va más allá de este episodio y que involucra a entidades como el Ministerio de Justicia y al propio INPEC.