Una proposición radicada en el Congreso de la República plantea un recorte de $100.000 millones al presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, entró en funcionamiento en 2018 como componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su tarea central es investigar graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y ofrecer sanciones restaurativas a quienes comparezcan voluntariamente.
La propuesta de recorte llega en un momento de ajustes fiscales en varias entidades del Estado. Recortar el presupuesto de la JEP implica directamente una reducción en su capacidad operativa, pues buena parte de su funcionamiento depende de recursos destinados a investigación, equipos forenses, contratación de magistrados y personal auxiliar, además del despliegue territorial que el tribunal realiza en distintas regiones del país.
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la iniciativa. Según reportó el medio Pulzo, el jefe de Estado entregó su reacción pública al debate que se abrió en el Legislativo. Las declaraciones exactas del mandatario no fueron detalladas en el extracto disponible, por lo que el contenido puntual de su mensaje se conocerá en sus declaraciones oficiales.
Para las víctimas del conflicto, cualquier modificación presupuestal al tribunal es un asunto sensible. La JEP avanza en macrocasos que involucran a antiguos comandantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles, y un ajuste presupuestal podría afectar los tiempos de las investigaciones, las audiencias y la entrega de resoluciones.
En el plano institucional, la JEP ha tenido tensiones presupuestales en años anteriores. Expertos en justicia transicional han señalado que los recursos asignados al tribunal son limitados frente a la magnitud de los hechos que debe investigar, por lo que un nuevo recorte reactivaría el debate sobre la sostenibilidad financiera de los mecanismos de justicia transicional en Colombia.
La propuesta ahora deberá surtir su trámite en las comisiones económicas del Congreso, donde se discute el Presupuesto General de la Nación. Hasta tanto no se apruebe una modificación concreta, la JEP continuará ejecutando los recursos ya asignados, mientras el Gobierno nacional y los legisladores definen el rumbo final del recorte propuesto.
Queda pendiente conocer el texto exacto de la proposición, los congresistas firmantes y el impacto específico que tendría la reducción sobre las investigaciones en curso. La reacción del presidente De la Espriella deja abierta la expectativa sobre si el Ejecutivo acompañará la iniciativa, la objetará o propondrá una fórmula intermedia.