El presidente electo Abelardo de la Espriella promueve la creación de un bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, considerado una de sus principales apuestas en materia de seguridad, según reportó RCN Radio. La iniciativa apunta a reforzar la presencia y la coordinación de las fuerzas armadas en los entornos urbanos, donde se registran buena parte de los delitos que más afectan a los ciudadanos.
La propuesta se inscribe en la discusión sobre cómo responder a delitos como el hurto, la extorsión y el sicariato, que mantienen en alerta a las principales ciudades del país. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta concentran históricamente las tasas más altas de criminalidad reportadas por las autoridades. Por eso, cualquier plan que se denomine urbano parte de reconocer que la seguridad en las calles es una demanda persistente de la población.
El concepto de un bloque especializado no es del todo nuevo en Colombia. Las Fuerzas Militares ya han operado unidades conjuntas, como los Batallones de Alta Montaña en zonas de conflicto o los comandos conjuntos en regiones específicas, mediante los cuales el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea coordinan operaciones bajo un mando unificado. La novedad estaría en orientar esa lógica hacia los cascos urbanos, con protocolos adaptados al terreno ciudadano.
Para el ciudadano de a pie, una intervención urbana de esta naturaleza tiene efectos directos. Por un lado, puede traducirse en mayor presencia de uniformados en parques, ejes comerciales y zonas residenciales. Por otro, genera dudas sobre los límites de la actuación militar en zonas civiles, un debate que ha acompañado a las democracias latinoamericanas durante décadas.
El marco legal también es un factor decisivo. La Constitución permite que las fuerzas militares apoyen operaciones de seguridad ciudadana bajo la dirección de la Policía, pero prohíbe su uso para tareas permanentes de patrullaje urbano sin una declaratoria de conmoción interior o un decreto del gobierno. Por eso, los analistas consultados por distintos medios suelen señalar que el éxito de la figura dependerá de su diseño normativo y de su articulación con la Policía Nacional.
Otro aspecto sensible es el costo. Un bloque dedicado con unidades blindadas, inteligencia, apoyo aéreo y equipos técnicos implica una inversión significativa. El ministerio de Defensa suele concentrar la mayor parte del presupuesto del sector, pero la asignación específica para ciudades competiría con las necesidades de zonas rurales afectadas por grupos armados y economías ilegales. Este dilema de prioridades marcará la primera prueba política del nuevo gobierno en esta materia.
La apuesta también dialoga con propuestas que en años recientes han intentado responder al crimen organizado urbano, como las estrategias de intervención a estructuras dedicadas al microtráfico, la extorsión a transportadores y el lavado de activos. Expertos citados por medios nacionales han subrayado que sin un componente de inteligencia judicial y de protección a testigos, los resultados operativos suelen ser transitorios y se diluyen tras los picos mediáticos.
Por ahora, la propuesta forma parte del catálogo de iniciativas que el presidente electo promueve en su transición. Las reacciones iniciales de gremios, alcaldes y expertos en seguridad han sido diversas: algunos celebran el énfasis en las ciudades, otros piden que se aclaren los límites frente a la Policía y otros cuestionan si el esquema militar es el más eficaz para delitos callejeros. El debate queda abierto y el diseño final será la primera señal del rumbo que tomará la seguridad bajo el nuevo gobierno.
En las próximas semanas se esperan anuncios adicionales sobre la composición del bloque, su articulación con la Policía Nacional y los mecanismos de control institucional, incluida la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La ciudadanía seguirá de cerca estos detalles, pues la sensación de inseguridad y la respuesta del Estado en las ciudades son factores determinantes para la vida cotidiana en buena parte del territorio nacional.