Según Infobae, la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de enviar a prisión a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, fue puesta en duda por especialistas en justicia transicional consultados por ese medio. El planteamiento del mandatario entrante contrasta con el régimen legal al que está sometido el exjefe de las extintas Farc.
Timochenko fue el último comandante del secretariado de las Farc y firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016. Tras la dejación de armas, sus comparecientes quedaron bajo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el mismo acuerdo y reglamentada en el Acto Legislativo 01 de 2017.
La JEP tiene como propósito investigar, juzgar y sancionar las conductas graves cometidas por exintegrantes de las Farc, agentes del Estado y terceros en el marco del conflicto armado. A cambio de la verdad, la reparación y la no repetición, los comparecientes pueden recibir sanciones propias o alternativas, que en muchos casos no implican prisión ordinaria.
Expertos consultados por Infobae recordaron que mientras la JEP no cierre el caso de un compareciente, cualquier decisión sobre su libertad o privación de la libertad debe pasar por esa jurisdicción. En la práctica, la JEP define si una persona recibe una sanción restaurativa o si es remitida a la jurisdicción ordinaria por incumplimiento de las condiciones del sistema.
El debate se enmarca en la discusión nacional sobre los límites del poder presidencial frente a decisiones de justicia transicional. Ni la Constitución ni la ley le permiten al Ejecutivo ordenar directamente la captura o el encarcelamiento de un ciudadano que esté bajo competencia de un tribunal especial como la JEP.
Para los analistas, la viabilidad de la propuesta depende de que la JEP concluya que Timochenko incumplió las condiciones del sistema o de que se acrediten hechos nuevos no sometidos a esa jurisdicción. Mientras eso no ocurra, el excomandante conserva las garantías procesales que le otorga el Acuerdo de Paz.
La discusión también reabrió el interrogante sobre la relación entre el Gobierno nacional y la JEP. Sectores políticos han pedido en el pasado reformas a ese sistema, mientras que defensores de derechos humanos han insistido en mantener su independencia como eje de la implementación de los acuerdos.
Por ahora, el contraste entre la promesa electoral y el marco institucional deja abierta la pregunta sobre qué pasos dará el nuevo gobierno dentro del respeto a la separación de poderes. Infobae reportó que especialistas insistieron en que cualquier ruta debe pasar por los cauces legales vigentes.
Queda pendiente conocer si la administración de De la Espriella presentará proyectos de ley o reformas constitucionales que modifiquen el régimen de la JEP. También se observará si la propia JEP adopta decisiones que cambien la situación procesal de Timochenko en los próximos meses.