El presidente Abelardo de La Espriella anunció que ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, reforzar el esquema de seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La orden se conoce luego de que el alto tribunal expresara públicamente su preocupación por las amenazas que han recibido varios de sus integrantes.
La Sala de Casación Penal es el órgano que resuelve, entre otros asuntos, los recursos de casación en procesos penales y los conflictos de competencia entre juzgados. También tiene a su cargo decisiones sensibles como la selección de tutelas y la definición de situaciones jurídicas de personas privadas de la libertad, lo que la convierte en un blanco frecuente de presiones.
El mensaje del jefe de Estado fue directo: “Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente”. Con esa frase, el mandatario asumió como propia la protección del tribunal y condicionó cualquier presión contra sus magistrados a una respuesta del Ejecutivo, según quedó recogido en la declaración que reproduce La Razón.
La instrucción se traduce en medidas operativas que debe ejecutar la UNP, entidad encargada de asignar escoltas, vehículos blindados y estudios de riesgo a personas que, por su cargo o por amenazas comprobadas, requieren protección del Estado. La Policía, por su parte, refuerza los anillos de seguridad perimetrales en las sedes judiciales y los desplazamientos de los togados.
Para los ciudadanos, el episodio pone sobre la mesa un debate de fondo sobre la independencia judicial. La Rama Judicial en Colombia goza de autonomía frente al Ejecutivo, y cualquier gesto de respaldo presidencial puede interpretarse como respaldo a esa independencia o, según la óptica, como una cercanía política que comprometa la imparcialidad.
El antecedente inmediato es la alerta que elevó la propia Sala de Casación Penal. Aunque el tribunal no suele pronunciarse de manera colectiva sobre hechos de seguridad, en esta ocasión consideró necesario visibilizar el riesgo para que las autoridades competentes adoptaran medidas urgentes. Esa presión, sumada al llamado de distintos sectores, habría precipitado la decisión del Gobierno.
Desde la óptica de derechos humanos, proteger a los magistrados no es un favor político sino una obligación del Estado. Colombia tiene un marco legal, encabezado por la Ley 1997 de 2019, que reconoce la protección reforzada de servidores judiciales amenazados, y la UNP es el instrumento operativo para materializarla.
Quedan varias preguntas abiertas. El Gobierno no ha precisado cuántos magistrados reciben amenazas, cuántas medidas individuales se reforzarán ni cuál es el nivel de riesgo reportado por los organismos de inteligencia. Tampoco se ha informado si la orden incluye a funcionarios de otras salas de la Corte o a servidores de cortes inferiores.
Por ahora, el mensaje central del Ejecutivo es de respaldo a la judicatura y de advertencia a quienes pretendan intimidarla. La Corte Suprema, por su parte, deberá continuar con su agenda de decisiones mientras avanza la implementación de las medidas de protección ordenadas desde la Casa de Nariño.