El presidente Abelardo de la Esprilla solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional tomar medidas urgentes para blindar a los jueces del país. El anuncio lo hizo luego de que un procurador delegado informara que encontró un impacto de arma de fuego en su oficina, según reportó NTN24.
Durante su declaración, el Mandatario lanzó una advertencia directa sobre la independencia judicial: "Quien se mete con la Corte, se mete conmigo", frase con la que elevó el nivel de alerta sobre la seguridad de los togados. La frase fue recogida por NTN24 como titular de su cobertura.
El episodio que desató la alerta es puntual: un procurador delegado, en ejercicio de sus funciones, halló un impacto de bala. La UNP es la entidad encargada de evaluar el riesgo y asignar esquemas de protección a servidores públicos, incluidos los miembros de la rama judicial que enfrentan amenazas. La Policía, por su parte, tiene a su cargo las investigaciones penales y el acompañamiento en terreno.
Aunque el extracto no precisa el lugar exacto ni la fecha del hallazgo, el hecho vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad que reportan los funcionarios judiciales. En Colombia, la Fiscalía y la Judicía han documentado históricamente amenazas contra jueces, fiscales y testigos, derivadas de procesos procesales contra organizaciones criminales y actores armados. La seguridad de quienes administran justicia es considerada una condición básica para el funcionamiento del Estado de derecho.
La petición del Presidente llega a dos entidades con responsabilidades distintas pero complementarias. La UNP debe realizar los estudios de nivel de riesgo y, si corresponde, reforzar los esquemas individuales de los jueces amenazados. La Policía, en simultánea, debe avanzar en la investigación para establecer el origen del disparo y determinar si se trató de un hecho aislado o de una acción dirigida contra un funcionario específico.
Para la ciudadanía, el alcance es indirecto pero relevante: si los jueces no cuentan con condiciones mínimas de seguridad, se afecta la administración de justicia y la resolución de los conflictos cotidianos. La protección de la rama judicial es, por mandato constitucional, una responsabilidad del Estado, y su debilitamiento puede traducirse en impunidad o en el retraso de investigaciones sensibles.
El extracto no registra reacciones de la Corte Suprema, del Consejo de Estado ni de la Judicía tras el anuncio presidencial. Tampoco se mencionan pronunciamientos de los partidos políticos o de organizaciones de derechos humanos, que suelen acompanhar este tipo de alertas. Queda pendiente conocer el resultado de las pesquisas de la Policía y si la UNP asignará esquemas reforzados a los togados señalados como amenazados.
En las próximas horas se esperan dos movimientos clave: un reporte oficial de la entidad protectora confirmando o descartando el impacto, y una comunicación de la Policía sobre el avance de la recolección de pruebas. Mientras esos informes no salgan, la alerta del Presidente queda como el principal pronunciamiento público sobre el caso.