El presidente Abelardo De la Espriella oficializó el decreto con el que se levanta la suspensión general que regía sobre el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión fue reportada por el diario El Tiempo y marca un giro en la política de porte de armas que el país había mantenido bajo restricciones amplias durante el gobierno anterior.
Con la suspensión general levantada, el acceso al porte legal de armas queda sujeto a las condiciones y reglas que el propio decreto establece. El texto fija criterios que los ciudadanos deberán cumplir para tramitar sus permisos ante las autoridades competentes, aunque los detalles técnicos y los requisitos específicos se conocerán con la publicación completa del acto administrativo.
Hasta ahora, la suspensión general del porte de armas había restringido el permiso para la mayoría de los civiles, limitando la tenencia y el porte a casos excepcionales como el personal de seguridad privada, miembros de la fuerza pública y deportistas federados. Con el nuevo decreto se regresa a un esquema de permisos individuales sujeto a evaluación.
El decreto presidencial fija reglas que los solicitantes deberán observar. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Industria Militar, entidades encargadas del control de armas en el país, serán las llamadas a verificar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Hasta tanto se reglamente la transición, los trámites se regirán por lo dispuesto en el decreto.
La decisión tiene implicaciones directas para la ciudadanía. Los ciudadanos que consideren tramitar el porte legal deberán ahora conocer los nuevos requisitos, los plazos y las condiciones que fija el decreto. También se verán afectados los protocolos de seguridad privada, los clubes de tiro y los comerciantes de armas, que deberán ajustar sus procedimientos al nuevo marco.
Sectores defensores de la medida han señalado que levantar la suspensión general devuelve el control al marco legal existente y permite focalizar los esfuerzos en el decomiso de armas ilegales. Por su parte, organizaciones civiles y expertos en seguridad han expresado preocupación por el efecto que la mayor disponibilidad de armas legales pueda tener sobre los indicadores de violencia, y han pedido que el decreto venga acompañado de controles reforzados.
En el contexto regional, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de armas en circulación en América Latina. Organizaciones internacionales han reiterado en los últimos años la necesidad de fortalecer los registros, los controles balísticos y los mecanismos de trazabilidad. La forma como se reglamente el nuevo esquema será determinante para la política de seguridad del gobierno.
Quedan pendientes varios puntos tras la oficialización del decreto. El Gobierno deberá expedir la reglamentación complementaria que detalle los requisitos, los plazos y los procedimientos para la expedición de los permisos. También se esperan las primeras reacciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, encargadas de evaluar a los solicitantes y de hacer seguimiento al uso de las armas legales en el territorio nacional.