El Gobierno de Colombia dejó sin efecto la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego. La decisión quedó consignada en el Decreto 1368 y excluye cualquier restricción adicional sobre los títulos ya otorgados. En la práctica, el porte vuelve a estar habilitado, aunque con condiciones precisas.
El alcance del decreto es limitado. La norma cobija únicamente a personas con autorizaciones vigentes y que no tengan restricciones vigentes. Además, las armas deben estar registradas ante la autoridad militar competente, un requisito que ya hacía parte del marco de control de armas en el país.
La suspensión general que ahora se levanta había restringido durante años el porte de armas en el territorio nacional. Esa medida había suspendido los permisos, aunque la tenencia y el registro ante la autoridad militar se mantuvieron como requisitos ordinarios. Con la nueva disposición, el Estado reconoce que los titulares de permisos cumplen los controles existentes.
La industria de armas en Colombia opera bajo un sistema dual. Por un lado, las armas de uso civil, como revólveres y pistolas, requieren un permiso ante el Comando General de las Fuerzas Militares. Por el otro, las armas de uso privativo de la Fuerza Pública están reservadas a esa institución. El decreto aplica al primer segmento.
Para los ciudadanos, el cambio significa que quienes ya tenían un permiso vigente pueden volver a portar el arma registrada sin esperar trámites adicionales. Quienes tenían permisos suspendidos o con restricciones deben revisar su situación particular antes de portar el arma, porque el decreto no levanta sanciones individuales.
El control de armas en Colombia ha sido una pieza central de la política de seguridad. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como la Policía Nacional, mantienen registros de las armas en circulación. El levantamiento de la suspensión general no modifica esas bases de datos ni los controles en vía pública.
El Decreto 1368 deja abiertas varias preguntas. No quedó claro si el Gobierno emitirá nuevas regulaciones sobre el porte en zonas urbanas ni si se modificarán los criterios para otorgar permisos en el futuro. El texto se concentra en levantar la suspensión y dejar vigente el marco existente.
En materia de seguridad ciudadana, el impacto dependerá de cómo las autoridades locales interpreten la norma. Alcaldías y gobernaciones suelen expedir regulaciones complementarias sobre el porte en espacios públicos, un factor que seguirá pesando en la aplicación diaria del decreto.