El estudio, elaborado por Aliadas junto con la Universidad del Rosario, fue presentado como insumo para una conversación nacional sobre empleo. La investigación parte de un dato central: quienes viven del rebusque tienen apenas 3 % de probabilidad de conseguir un empleo formal, según registró Revista Semana.
La informalidad es uno de los problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Miles de personas trabajan por cuenta propia, sin contrato, sin protección social y sin acceso a beneficios como salud, pensión o riesgos laborales. Esa condición afecta principalmente a jóvenes, mujeres y habitantes de zonas rurales, donde las oportunidades formales son más escasas.
Entre las propuestas del estudio aparecen tres ejes. El primero plantea aportes a la seguridad social proporcionales al ingreso, de modo que un trabajador que gana poco pague menos y pueda afiliarse. El segundo busca simplificar los trámites para que empleadores y trabajadores reduzcan costos y tiempos de formalización.
El tercer eje se enfoca en incentivos específicos para los grupos con mayor dificultad de acceso al empleo formal. Se mencionan jóvenes, mujeres y trabajadores rurales como poblaciones prioritarias. La idea es que estas personas encuentren rutas reales hacia un trabajo con prestaciones y estabilidad.
La Alianza Aliadas reúne a actores del sector privado que han trabajado en temas de equidad de género y desarrollo económico. Su participación en el estudio le da un peso adicional a las recomendaciones, porque incorpora la visión empresarial al debate sobre formalización.
Para el Gobierno nacional, el estudio llega en un momento clave. La informalidad es un indicador que sigue siendo alto y limita la recaudación tributaria, la cobertura en salud y pensión y la productividad del país. Cualquier reforma que busque ampliar la base de trabajadores formales necesita propuestas técnicas como las que se presentan en este documento.
Las reacciones del sector empresarial y del Gobierno fueron recogidas por la fuente. Ambos sectores coinciden en que buscar soluciones es urgente. Sin embargo, la aplicación práctica de las propuestas depende de decisiones políticas y de la coordinación entre ministerios, empresarios y trabajadores.
Queda por verse si las recomendaciones del estudio se traducen en reformas concretas. Los próximos pasos incluyen el debate en el Congreso, la expedición de normas por parte del Ministerio del Trabajo y la respuesta del sector privado a los nuevos incentivos. Por ahora, el documento se suma a una lista creciente de diagnósticos sobre la informalidad en Colombia.