El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la situación de los exmilitares colombianos que fueron enviados a Estados Unidos en el marco de la investigación por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Según Pulzo, el Mandatario aseguró que su Gobierno garantizará defensa técnica y respaldo económico para los connacionales, y pidió que se esclarezca lo ocurrido.
De La Espriella fue directo al hablar del caso. "Quiero saber qué pasó", afirmó, al tiempo que cuestionó el trato que han recibido los exuniformados en el proceso que se adelanta en una corte federal de Estados Unidos. La expresión fue recogida por Pulzo y se convirtió en el eje de su intervención pública sobre el tema.
El traslado de los exmilitares colombianos a territorio estadounidense se produjo en el marco de la cooperación judicial entre ambos países, luego de que varias investigaciones los vincularan con el magnicidio. Un número significativo de sospechosos detenidos en Haití fue enviado a Estados Unidos para ser procesados por la justicia federal, bajo cargos que incluyen conspiración y tráfico de armas.
El asesinato de Moïse sacudió a la región. Ocurrió en su residencia privada en Puerto Príncipe en julio de 2021, en medio de una grave crisis política y de seguridad en Haití. Tras el hecho, las autoridades haitianas y la Policía Internacional (Interpol) adelantaron una investigación que terminó con la captura de decenas de personas, entre ellas ciudadanos colombianos con pasado militar.
La decisión de De La Espriella se conoce en un momento sensible de la relación bilateral con Estados Unidos. El Gobierno colombiano ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso con la cooperación judicial internacional y, al mismo tiempo, ha defendido el derecho de los connacionales a un debido proceso. La Cancillería ha informado que se solicitó acceso consular y garantías procesales para los detenidos.
El apoyo anunciado por el Presidente incluye dos frentes. El primero es la asistencia jurídica, es decir, la contratación o asignación de abogados que representen a los exmilitares en el proceso que se sigue en Estados Unidos. El segundo es la ayuda económica, destinada a cubrir gastos de defensa y manutención de las familias mientras avanza el juicio, según lo reportado por Pulzo.
Para las familias de los exmilitares, el anuncio representa un giro tras meses de incertidumbre. Varios allegados habían denunciado públicamente las dificultades para acceder a información sobre el estado del proceso, los cargos exactos y las condiciones de reclusión de los detenidos en centros federales estadounidenses.
Organizaciones de derechos humanos han pedido que el caso se Tramite con plenas garantías, tanto para las víctimas del magnicidio en Haití como para los procesados colombianos. El proceso en la corte federal de Estados Unidos busca establecer responsabilidades individuales y determinar si existió una red organizada detrás del asesinato.
Quedan varios interrogantes abiertos. Aún no se conoce el monto total de los recursos que el Gobierno destinará a la defensa, ni el número exacto de exmilitares que recibirán la asistencia. Tampoco se ha informado sobre eventuales solicitudes de repatriación, una opción que el Gobierno colombiano ha dejado sobre la mesa en casos de ciudadanos procesados en el extranjero.