El proyecto de ley fue radicado por el representante a la Cámara Simón Molina, del partido Creemos, según consta en el extracto de la fuente. La propuesta apunta directamente a desmontar la política conocida como 'paz total', una de las apuestas centrales del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad y conflicto armado.
De acuerdo con la información disponible, la iniciativa contempla prohibir el tratamiento político a personas señaladas de cometer delitos. Eso significa que los integrantes de organizaciones criminales no serían reconocidos como interlocutores políticos en eventuales mesas de diálogo, lo que representa un cambio de enfoque frente a la estrategia vigente hasta ahora.
La 'paz total' fue concebida como una herramienta para abrir conversaciones simultáneas con distintos grupos armados, bajo el argumento de reducir la violencia y avanzar hacia la desarticulación de las organizaciones ilegales. Los críticos de esa política sostienen que equipara a los criminales con actores políticos y debilita la fuerza pública, mientras que sus defensores afirman que abre caminos para la desmovilización.
En la práctica, la figura del tratamiento político implica que ciertos delitos cometidos por miembros de organizaciones armadas puedan ser considerados como una forma de acción política, lo que modifica el marco de juzgamiento y, en algunos casos, facilita la suspensión de órdenes de captura. El proyecto radicado por Molina buscaría revertir justamente ese componente.
La propuesta también incluiría la reactivación de las órdenes de captura que habrían sido suspendidas como parte de los diálogos o los acuerdos derivados de la 'paz total'. Con ello, los procesados por delitos graves volverían a quedar a disposición de la justicia ordinaria, sin el paraguas que brindaba la negociación política.
En el Congreso colombiano, los proyectos de ley ordinaria deben superar cuatro debates en cámaras antes de convertirse en ley. El expediente recién comienza su tránsito legislativo, por lo que aún falta el estudio en las comisiones correspondientes y la discusión en plenarias de Cámara y Senado, en caso de que prospere.
Para la ciudadanía, el debate es relevante porque la política de 'paz total' ha sido uno de los ejes del gobierno de Petro y ha generado posiciones divididas. Sectores que han padecido el accionar de grupos armados esperan que la ley derive en mayor acción judicial contra los cabecillas, mientras que la propia ley no contiene un mecanismo de sometimiento general a la justicia, y otro frente de análisis señala que la derogatoria podría afectar a quienes se encontraban en proceso de acogimiento a la justicia.
Entre los antecedentes legislativos está la Ley 2272 de 2022, que dio marco a la 'paz total' y autorizó al Ejecutivo a entablar diálogos con estructuras armadas. La maquinaria normativa, por lo tanto, no es pequeña, y derogarla implica revisar también su decreto reglamentario y sus efectos sobre los acuerdos en curso.
Queda por verse el rumbo que tomará el proyecto en el Congreso frente a la bancada de gobierno y a los sectores que defienden la vía del diálogo. Por ahora, la radicación marca el inicio formal del debate sobre si Colombia debe continuar o no tratando a las organizaciones criminales como actores políticos en una eventual negociación de paz.
La fuente consultada no reportó reacciones oficiales del gobierno nacional ni de las organizaciones armadas mencionadas. Tampoco contenía cifras específicas sobre capturas suspendidas, acuerdos firmados o estructuras en conversación, por lo que cualquier dato adicional en esa dirección supera la información disponible en el extracto.