El presidente Abelardo de la Espriella reveló qué entidades absorberán las funciones que hoy cumplen la Unidad de Acuerdo de Paz y el Comisionado de Paz, según el reporte publicado por el equipo de gobierno. Las dos dependencias serán eliminadas dentro del proceso de reorganización institucional que arrancó la administración.
La Unidad de Acuerdo de Paz fue creada tras la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP en 2016, con el propósito de coordinar y hacer seguimiento a la implementación de lo pactado. Su labor incluye el trabajo con las entidades territoriales, la gestión de los recursos destinados a los programas de reincorporación y el acompañamiento a las comunidades afectadas por el conflicto.
El cargo de Comisionado de Paz, por su parte, ha tenido distintas denominaciones a lo largo de los años y suele asumir funciones de facilitación en acercamientos con grupos armados, sectores políticos y sociales, además de articular la política de paz con las demás ramas del Estado.
La eliminación de estas dos figuras hace parte de un movimiento más amplio del Ejecutivo para ajustar su estructura institucional, reducir entidades y reasignar funciones. Varios gobiernos han usado reorganizaciones similares para unificar tareas que antes estaban repartidas.
Para los ciudadanos, el cambio práctico es quién responde, por ejemplo, si se requiere información sobre la reincorporación de excombatientes o sobre acercamientos con organizaciones armadas. También cambia el canal para que alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales tramiten sus solicitudes.
El anuncio se da en un contexto en el que el cumplimiento de los acuerdos de paz sigue siendo objeto de seguimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y las organizaciones internacionales. Por ahora no se conocen pronunciamientos públicos de esos organismos sobre la supresión de la Unidad.
Sectores políticos y sociales que trabajan en temas de paz suelen reaccionar a este tipo de anuncios pidiendo claridad sobre las garantías para el personal vinculado y sobre la continuidad de los programas. El resumen no incluye voces específicas de esos sectores, por lo que se espera que en los próximos días se conozca la postura de las víctimas y de las plataformas de paz.
Queda pendiente la publicación del decreto o acto administrativo que formalice la eliminación y precise el cronograma de transición. También está por definirse si habrá un periodo de empalme y cómo se reubicará a los funcionarios de las dos entidades.