El Gobierno Nacional aprobó, en sesión del Consejo de Ministros, un recorte al Presupuesto General de la Nación por 21,9 billones de pesos. La medida, según reportó Portafolio.co, busca reducir el déficit fiscal y controlar el crecimiento de la deuda pública, una de las principales preocupaciones del Ministerio de Hacienda en los últimos años.
Aunque la decisión ya fue tomada en la instancia ministerial, hasta el momento no se ha emitido el decreto o documento oficial que precise cuáles sectores, entidades o programas sufrirán la reducción de sus apropiaciones. Portafolio.co señaló que el Gobierno explicó que el propósito central de la tijera presupuestal es frenar el aumento del endeudamiento del Estado.
El Presupuesto General de la Nación es la herramienta mediante la cual el Gobierno asigna cada año los recursos para financiar el funcionamiento de las entidades públicas, la inversión en infraestructura, los programas sociales, la educación, la salud y la seguridad, entre otros. Un ajuste de esta magnitud, cercano a los 22 billones de pesos, suele generar efectos sensibles en ministerios, regiones y contratistas del Estado.
La aprobación en Consejo de Ministros es uno de los pasos previos a la expedición del decreto de liquidación o de un decreto modificatorio firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y el Ministerio de Hacienda. Ese documento es el que finalmente concreta los rubros y los montos que se aplazarán o se reducirán en la vigencia en curso.
Recortes presupuestales de esta escala suelen abrir debate en el Congreso, en los gremios y en los territorios, porque involucran compromisos ya adquiridos. Programas de inversión regional, proyectos de infraestructura vial, transferencias a municipios y partidas de funcionamiento suelen ser las áreas más sensibles cuando se aplican ajustes para contener el déficit.
La prioridad declarada por el Gobierno es el control de la deuda, que ha sido una variable bajo observación por parte de calificadoras de riesgo y organismos multilaterales. Reducir el déficit es, según los lineamientos de política fiscal vigentes, una condición para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Por ahora, los gremios, los gobernadores y los sectores productivos esperan la publicación del documento oficial con el detalle de los rubros para cuantificar el impacto sobre cada sector. Hasta que ese decreto no se publique, no es posible determinar con precisión qué programas se aplazarán ni cuánto se recortará por ministerio o por entidad territorial.
Queda pendiente entonces la divulgación del listado completo de afectados, el cronograma de ejecución del recorte y la eventual discusión en el Congreso, donde las comisiones económicas suelen citar a los ministros para explicar el alcance de las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros.