La Red de Acueductos Comunitarios elevó un pedido directo al Gobierno nacional para que intervenga en el trámite de la llamada ley del agua, un proyecto que según la organización lleva cerca de veinte años sin avanzar en el Congreso. La solicitud se conoció esta semana a través del medio Alerta Santander.
Según la denuncia de la Red, el proyecto ha sido víctima de dilaciones políticas que han impedido su discusión y aprobación en las distintas legislaturas. La organización agrupa a comunidades organizadas que prestan el servicio de acueducto en zonas rurales y urbanas donde el Estado no ha logrado cobertura con empresas prestadoras formales.
Los acueductos comunitarios son esquemas asociativos sin ánimo de lucro en los que vecinos se organizan para captar, tratar y distribuir agua. Cumplen una función social clave en municipios y veredas donde la cobertura del sistema público es limitada o nula.
La ley que se busca aprobar busca reconocer legalmente a estas organizaciones, definir reglas claras para su operación y establecer su relación con los municipios, las empresas de servicios públicos y las autoridades ambientales. Sin ese marco, las comunidades operan en un vacío jurídico que limita su acceso a recursos, asistencia técnica y protección institucional.
El caso expone un patrón recurrente en el trámite legislativo colombiano, donde iniciativas relacionadas con servicios públicos domiciliarios y derechos sociales avanzan con lentitud frente a proyectos de otro tipo. Para los promotores del proyecto, la espera de veinte años representa un incumplimiento del deber del Congreso frente a comunidades que llevan décadas prestando un servicio esencial.
La Red pidió al Gobierno que use sus herramientas de impulso legislativo y diálogo con el Congreso para que la iniciativa sea priorizada en el debate. También solicitó que se respalde públicamente el reconocimiento del papel de los acueductos comunitarios en la garantía del derecho al agua.
El pronunciamiento se produce en un momento de debate nacional sobre la cobertura de agua potable, un derecho constitucional que en Colombia presenta déficit en buena parte del territorio rural. Las cifras oficiales sobre cobertura son administradas por el Ministerio de Vivienda y el DANE, aunque el extracto no aporta datos puntuales sobre porcentaje de hogares afectados.
La organización anunció que permanecerá atenta a la respuesta del Ejecutivo y de las bancadas del Congreso, y advirtió que continuará visibilizando el caso hasta que la ley sea aprobada. La pelota queda en manos del Gobierno y de los presidentes de las comisiones económicas constitucionales.
Queda por verse si el Ejecutivo asume un papel activo en el destrabe del proyecto o si la iniciativa seguirá acumulando aplazamientos en el trámite legislativo. Mientras tanto, los acueductos comunitarios seguirán operando en el vacío legal que la norma busca resolver.