La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal creado tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Su funcionamiento depende de los recursos que el Congreso apruebe cada año en el Presupuesto General de la Nación.
En las últimas horas, el partido Salvación Nacional dio a conocer una iniciativa orientada a reducir el presupuesto asignado a la JEP. La propuesta volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el costo de la justicia transicional y su peso frente a otras prioridades del Estado.
Tras la radicación, distintas bancadas del Congreso empezaron a manifestar públicamente sus posturas frente al recorte. Las reacciones muestran divisiones entre quienes consideran que la JEP requiere menos recursos para funcionar y quienes defienden que cualquier disminución pone en riesgo el avance de los procesos que adelanta el tribunal.
La discusión presupuestaria en el Congreso colombiano suele concentrar tensiones políticas. Los partidos pesan cada partida según su visión sobre el papel del Estado, la seguridad, la inversión social y el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo de paz.
Para la ciudadanía, el debate tiene implicaciones concretas. La JEP investiga macrocasos sobre secuestros, falsos positivos, reclutamiento de menores y violencia sexual en el conflicto, y desarrolla audiencias públicas con víctimas. Una reducción presupuestal puede afectar la capacidad de llevar adelante esas investigaciones y de cumplir los plazos establecidos.
También hay un componente institucional. La JEP es una de las piezas centrales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Reducirle recursos impacta de manera directa el funcionamiento de ese engranaje.
Las posturas de las bancadas, según el extracto, todavía están en etapa de pronunciamiento. Falta conocer el texto definitivo de la iniciativa, su trámite en las comisiones económicas del Congreso y los montos específicos que se pondrían en discusión.
En las próximas semanas se esperan debates en plenarias y comisiones, así como intervenciones de organizaciones de víctimas y de expertos en justicia transicional, que suelen participar en estas discusiones con conceptos técnicos sobre el presupuesto del tribunal.