En una entrevista con Valora Analitik, Alberto Mariño, presidente de Proindesa, propuso una reforma a la Agencia Nacional de Infraestructura y un relanzamiento de las Asociaciones Público-Privadas como herramientas para reactivar las obras viales y las concesiones en el país.
La iniciativa se enmarca en el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella y se suma al debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de gran envergadura, un tema que ha marcado la agenda del sector durante los últimos años.
Proindesa es una firma vinculada al desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia. Su presidente expuso ante el medio especializado sus puntos sobre el papel que debería jugar la ANI en el próximo cuatrienio.
La ANI es la entidad encargada de estructurar, contratar y supervisar los proyectos de concesión vial, aeroportuaria, férrea y portuaria, entre otros, mediante contratos de participación público-privada y de obra pública.
Según Mariño, la reforma a la agencia debería orientarse a agilizar los procesos de contratación y a dar señales claras a los inversionistas sobre las reglas de juego. También planteó que las APP requieren un nuevo impulso para viabilizar proyectos estancados.
El planteo llega en un momento sensible para la infraestructura nacional. Varias autopistas 4G han enfrentado retrasos por problemas de financiación, cambios en los diseños y disputas contractuales con concesionarios.
Para los ciudadanos, una eventual reactivación de las concesiones y de las APP se traduciría en mayor dinamismo en obras como dobles calzadas, mantenimientos de vías terciarias y proyectos de conectividad regional.
El sector financiero y los constructores han pedido en distintos escenarios reglas estables y procesos más ágiles para destrabar cierres financieros, que son la etapa donde muchos proyectos quedan en pausa.
Aunque Mariño formuló la propuesta como un insumo para el nuevo gobierno, su materialización dependerá de decisiones del Congreso, del Ministerio de Transporte y de la propia Junta Directiva de la ANI. Por ahora no hay un proyecto de ley radicado con ese fin.
La entrevista deja abierta la discusión sobre el rumbo institucional de la infraestructura vial y sobre el rol del Estado en la financiación de proyectos. Será el nuevo equipo de gobierno el que defina si adopta, ajusta o descarta los planteamientos del empresario.