La exministra de Agricultura Cecilia López señaló al gobierno de Gustavo Petro de presentar cifras infladas sobre la entrega de tierras en el marco de la reforma agraria. Según la funcionaria, los reportes oficiales no reflejan la cantidad real de predios formalizados ni las condiciones en que fueron adjudicados a los beneficiarios.
López aseguró, además, que en varios casos se entregaron tierras sin título de propiedad plenamente saneado. Esto significaría que los campesinos recibieron asignaciones sobre predios cuya situación jurídica no estaba resuelta, lo que les impide acceder a crédito, asistencia técnica y otros beneficios asociados a la propiedad formal.
La reforma agraria es una de las apuestas más visibles del gobierno de Petro y se enmarca en el compromiso de transformar la estructura de tenencia de la tierra en Colombia. Su ejecución ha estado a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, entidad responsable de los procesos de adjudicación, compra y formalización de predios rurales.
El debate sobre la formalización de la tierra en Colombia no es nuevo. Durante décadas, el país ha enfrentado una compleja discusión entre el Gobierno, los campesinos y los grandes propietarios por el acceso y la concentración de la tierra. Las críticas por la falta de títulos oportunos se han repetido en distintos gobiernos, sin que se haya logrado cerrar la brecha de informalidad rural.
Las declaraciones de López se conocen en un momento político sensible. La exministra fue una de las voces del actual Ejecutivo en su primera etapa y su crítica interna añade peso a cuestionamientos que provienen desde distintos sectores sobre la velocidad y la calidad de la política de tierras.
Para los beneficiarios, la diferencia entre tener o no un título saneado es determinante. Un predio sin formalización limita el acceso a créditos bancarios, impide la inversión en mejoras y deja al agricultor en condición de vulnerabilidad frente a eventuales reclamaciones de terceros.
Desde el Gobierno se ha defendido la reforma agraria como un avance histórico en la búsqueda de equidad en el campo. Los funcionarios han sostenido que los procesos de saneamiento avanzan de manera simultánea a las entregas, y que la transición hacia la formalización total requiere tiempo y recursos técnicos.
La denuncia de López reabre la discusión sobre los indicadores que utiliza el Ejecutivo para reportar los avances de la reforma. Organizaciones campesinas y gremios agrícolas han pedido en otras oportunidades mayor transparencia en los datos y criterios homogéneos para medir los resultados.
Queda pendiente la respuesta oficial del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras sobre los señalamientos puntuales de la exministra. También está por verse si el debate se traslada al Congreso, donde la reforma agraria ha tenido tanto defensores como detractores desde su formulación.
Según lo publicado por CAMBIO Colombia, la exministra entregó detalles adicionales sobre los casos en los que, a su juicio, se habrían entregado predios sin los requisitos legales completos. La fuente es la base de esta información.