Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), afirmó que la reforma agraria en Colombia ha registrado avances, pero continúa tropezando con la oposición de sectores económicos que denomina “amigos poderosos del latifundio”. La declaración la entregó en el espacio de opinión Análisis Urbano, según el extracto de la fuente.
La reforma agraria es una de las políticas centrales del actual Gobierno. Su objetivo declarado es formalizar la tierra, regularizar predios y ampliar el acceso a propietarios rurales históricamente excluidos. La Agencia Nacional de Tierras es la entidad encargada de ejecutar buena parte de esas tareas sobre el terreno.
Harman aseguró que la Agencia ha logrado resultados en distintas regiones del país, aunque no ofreció cifras puntuales en el extracto publicado. Esa ausencia de datos detallados deja en manos del ciudadano la necesidad de contrastar las versiones oficiales con los reportes de la propia ANT y de organizaciones sociales que acompañan los procesos de titulación.
La advertencia sobre el “poder” detrás del latifundio pone el foco en uno de los debates más antiguos del campo colombiano. Históricamente, la concentración de la tierra ha sido señalada por la academia, las cortes y organismos internacionales como uno de los factores estructurales del conflicto armado y de la pobreza rural.
Para los pequeños productores y las comunidades campesinas, la lentitud en la entrega de títulos y las disputas por predios se traducen en inseguridad jurídica y en limitaciones para acceder a crédito, asistencia técnica y proyectos productivos. Las demoras en la formalización también afectan decisiones de inversión de largo plazo en el campo.
El director de la ANT vinculó la resistencia al latifundio con grupos que, según sus palabras, cuentan con respaldo político y económico. Esa lectura coincide con señalamientos que han hecho otros funcionarios y sectores cercanos al Gobierno, que describen un bloqueo a la reforma desde sectores terratenientes.
En la otra orilla, gremios agropecuarios y asociaciones de propietarios han planteado que parte de las intervenciones de la Agencia afectan derechos adquiridos y reclaman mayor seguridad jurídica. El debate sobre los límites entre la formalización, la restitución y la propiedad privada sigue abierto en escenarios judiciales y legislativos.
Desde el Ministerio de Agricultura y desde la propia ANT se ha sostenido que el proceso de reforma avanza con priorización en zonas donde confluyen despojo histórico, presencia de cultivos de uso ilícito y baja productividad. La entidad ha insistido en que la titulación colectiva y los acuerdos campesinos son piezas clave del modelo.
Queda pendiente conocer las cifras detalladas de títulos entregados, predios intervenidos y procesos en curso. También se espera la respuesta de los gremios propietarios y de los poderes señalados por Harman, así como la evolución de los litigios agrarios que se tramitan en la Jurisdicción Agraria y en la Corte Constitucional.