El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció que durante el año 2027 el Gobierno no comprará ni una sola hectárea de tierra. La declaración, reportada por El Norte, marca un giro en la política de tierras que el Ejecutivo venía ejecutando como parte de la reforma agraria.
Según el ministro, la pausa en las adquisiciones no es indefinida ni definitiva. Se trata de una suspensión temporal que responde a la necesidad de revisar los procesos en marcha antes de continuar con nuevas compras. La meta declarada es depurar el mecanismo y retomar la compra con reglas más claras.
En paralelo, el Ministerio anunció el inicio de auditorías forenses para examinar posibles irregularidades en operaciones de tierras realizadas con anterioridad. Estas auditorías buscan determinar si hubo fallas administrativas, legales o de otro tipo en la adjudicación o adquisición de predios durante la implementación de la reforma.
La reforma agraria es una de las apuestas centrales del Gobierno para atender la histórica deuda con el campo colombiano. Uno de sus instrumentos es la compra directa de tierras a privados para entregarlas a familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, un mecanismo contemplado en la normatividad vigente.
La decisión afecta de manera directa a los campesinos que esperaban acceder a predios en el corto plazo y a los propietarios que tenían procesos de negociación abiertos. Las organizaciones agrarias han reclamado durante años mayor transparencia y velocidad en la entrega de tierras, por lo que una pausa prolongada puede tensar esa relación.
El anuncio también pone la lupa sobre la gestión de los recursos públicos destinados a la compra de tierras. La Contraloría y la Procuraduría han señalado en años anteriores demoras e inconsistencias en algunos procesos, aunque el Ministerio no presentó aún un informe detallado sobre las irregularidades específicas que se investigarán.
Desde el Ministerio se planteó que las auditorías forenses permitirán identificar responsables y, si corresponde, dar traslado a las autoridades competentes. La cartera no entregó detalles sobre cuántas auditorías se abrirán ni qué predios o períodos específicos se examinarán en esta primera fase.
La reforma agraria se sostiene sobre varios pilares, entre ellos la formalización de la propiedad, la entrega de tierras baldías y los acuerdos con propietarios. Suspender la compra directa deja activos los demás mecanismos, pero concentra la expectativa de acceso a tierra en los procesos que ya están en curso.
Queda pendiente que el Ministerio publique los resultados de las auditorías y los plazos para reanudar la compra de tierras. El sector campesino y las autoridades territoriales esperan conocer con precisión cuánto se extenderá la suspensión y bajo qué condiciones se volverá a activar la adquisición de predios.