El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que su gobierno radicará un proyecto de reforma al Código Nacional de Tránsito. Según el anuncio, la iniciativa incluye una reducción del 50% en el valor de las multas que hoy impone la normativa vigente en Colombia. La declaración fue recogida por La Nación.
Durante el anuncio, el jefe de Estado fue enfático en fijar el orden de prioridades de la reforma. "Primero están la vida y la seguridad vial, jamás el [recaudo]", señaló el mandatario, al dejar claro que cualquier cambio en el régimen sancionatorio se enmarcará en la protección de los actores más vulnerables de las vías.
El Código Nacional de Tránsito, vigente desde 2002 y con múltiples modificaciones posteriores, regula el comportamiento de conductores, peatones, motociclistas y ciclistas en todo el territorio. Las multas actuales oscilan entre salarios mínimos diarios legales vigentes y sumas mayores dependiendo de la infracción, y su recaudo es una fuente importante de recursos para los municipios.
Una rebaja del 50% en las sanciones económicas cambiaría de manera directa el bolsillo de los conductores colombianos. Para los ciudadanos, esto se traduce en menores costos por infracciones como exceso de velocidad, estacionar en zonas prohibidas o no portar la documentación al día, que son las faltas más comunes en los comparendos diarios.
El anuncio también tiene implicaciones fiscales para las alcaldías y gobernaciones, que financian buena parte de su funcionamiento con los ingresos por multas de tránsito. Una caída en el recaudo obligaría a los entes territoriales a buscar fuentes alternativas o a ajustar sus presupuestos si la reforma avanza en el Congreso.
La reforma todavía debe surtir su trámite legislativo. El proyecto deberá pasar por el Congreso de la República, donde será debatido en comisiones y plenarias de Senado y Cámara antes de convertirse en ley. Durante ese proceso, el texto podrá sufrir modificaciones, y sectores como los transportadores, las víctimas de accidentes y los organismos de tránsito harán llegar sus observaciones.
Organizaciones de seguridad vial han señalado en distintas ocasiones que el efecto disuasorio de las multas depende más de la firmeza en su aplicación que del monto. En ese debate se inscribe ahora la propuesta del gobierno, que según el presidente busca reorientar la norma hacia la prevención de accidentes y no hacia el cobro de sanciones.
El gobierno no ha precisado aún la fecha de radicación del proyecto ni el articulado completo. Queda por conocer cómo se equilibrará la reducción de multas con la necesidad de mantener un régimen de sanciones que, según los expertos, incentive el cumplimiento de las normas en las vías del país.