La ministra Elsa Noguera entregó detalles de la reforma al Código de Tránsito que promueve el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según informó Valora Analitik, el paquete incluye una revisión a la baja del valor de las multas, de los cursos pedagógicos, de las licencias de conducción, así como de las tarifas de patios y grúas. La funcionaria confirmó los puntos centrales del proyecto ante el medio especializado.
El Código de Tránsito en Colombia rige el comportamiento de conductores, peatones y actores del transporte en todo el territorio nacional. Su última modificación significativa se dio con la Ley 1811 de 2016 y normas reglamentarias posteriores, en un contexto donde las sanciones por infracciones han sido objeto de debate por su impacto económico sobre los ciudadanos. Una nueva reforma, como la planteada por el gobierno de De La Espriella, reabre la discusión sobre el equilibrio entre la seguridad vial y el costo que pagan los usuarios.
La confirmación de la ministra Noguera se centra en los componentes económicos de la reforma. Las multas de tránsito, según el esquema vigente, se calculan como un porcentaje del Salario Mínimo Legal Diario Vigente, lo que las convierte en cifras indexadas al comportamiento del mercado laboral. Cualquier ajuste a la baja implica redefinir los rangos o los porcentajes aplicables, decisión que pasa por el Congreso de la República y por la reglamentación del Ministerio de Transporte.
Además de las multas, el proyecto aborda los cursos pedagógicos que deben realizar los infractores y los trámites asociados a la licencia de conducción. También toca las tarifas de los patios donde se llevan los vehículos inmovilizados y el cobro de las grúas que realizan el traslado. Estos cuatro componentes representan los puntos de contacto más frecuentes entre los ciudadanos y el sistema de sanciones de tránsito, y concentran buena parte de las quejas ciudadanas por costos elevados.
La reforma tiene implicaciones directas para los conductores colombianos. Un conductor sancionado por una infracción grave enfrenta hoy el pago de la multa más el costo del curso y, si el vehículo fue inmovilizado, las tarifas de grúa y patio por cada día de permanencia. Si los valores bajan, el costo total de una infracción se reduce. El alcance de esa reducción depende de los textos concretos que se radiquen en el Congreso, todavía no públicos en su integridad, según la nota de Valora Analitik.
Para los municipios y los organismos de tránsito, la reforma también plantea retos. Los patios y grúas operan con frecuencia a través de concesionarios, y los ingresos por estos servicios financian parte de la operación local. Una reducción tarifaria puede afectar los ingresos de los concesionarios y obligar a ajustes contractuales. Las secretarías de Movilidad deberán revisar los contratos vigentes si la reforma avanza en los términos anunciados.
El sector asegurador y los centros de enseñanza automotriz son otros actores que observan de cerca el proyecto. Las aseguradoras calculan el riesgo vial con base en el régimen sancionatorio, y los centros de enseñanza dependen de la demanda de cursos pedagógicos. Cambios en los valores de multas y cursos pueden modificar los flujos de ingresos de estos prestadores, así como la dinámica de formación de conductores en el país.
Las reacciones del Congreso y de los organismos de control serán determinantes en los próximos pasos. La reforma necesitará debates en las comisiones de Transporte y, posteriormente, en plenarias de Cámara y Senado. Mientras tanto, el gobierno de De La Espriella deberá socializar el texto definitivo y sustentar el impacto fiscal de las rebajas propuestas. Queda pendiente conocer el articulado completo, los plazos de transición y si la reforma incluirá también ajustes en la categorización de las infracciones.