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title: "Reforma laboral: 14 acciones de cumplimiento por falta de reglamentación"
description: "La reforma laboral en Colombia suma un nuevo frente judicial. La firma SPL Salgado Abogados y Consultores radicó 14 acciones de cumplimiento contra la falta de reglamentación de la ley, según reportó El Colombiano. El pulso ahora se traslada a los estrados, mientras trabajadores y empleadores esperan reglas claras para aplicar los cambios."
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date: "2026-08-31T16:04:05Z"
area: "Justicia"
calificacion: "Neutral"
fuente: "El Colombiano"
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# Reforma laboral: 14 acciones de cumplimiento por falta de reglamentación

> La reforma laboral en Colombia suma un nuevo frente judicial. La firma SPL Salgado Abogados y Consultores radicó 14 acciones de cumplimiento contra la falta de reglamentación de la ley, según reportó El Colombiano. El pulso ahora se traslada a los estrados, mientras trabajadores y empleadores esperan reglas claras para aplicar los cambios.

- Fecha: 2026-08-31T16:04:05Z
- Área: Justicia
- Calificación del observatorio: **Neutral** (confianza 31%)
- Por qué: Una firma de abogados presentó 14 acciones de cumplimiento contra la reforma laboral por falta de reglamentación. Se trata de una actuación judicial de un tercero que cuestiona la implementación gubernamental, lo que genera riesgo de choques institucionales y retrasos en la entrada en vigencia plena de la reforma.
- Fuente original: [El Colombiano](https://www.elcolombiano.com/negocios/reforma-laboral-acciones-cumplimiento-reglamentacion-FG40464463)
- URL canónica: https://abelardopresidente.co/noticia/reforma-laboral-enfrenta-14-acciones-de-cumplimiento-por-falta-de-reglamentacion

La reforma laboral aprobada en Colombia enfrenta un nuevo capítulo en los tribunales. De acuerdo con El Colombiano, la firma SPL Salgado Abogados y Consultores presentó 14 acciones de cumplimiento contra el Gobierno nacional por la ausencia de reglamentación de varios apartados centrales de la ley, una omisión que, según la demanda, impide su aplicación plena en el territorio.

Las acciones de cumplimiento son un mecanismo judicial previsto para exigir a las autoridades que cumplan una norma o un deber legal cuando se omite su desarrollo. En este caso, el argumento central es que la reforma, ya sancionada, no cuenta con los decretos y resoluciones necesarios para que empresas, trabajadores y operadores judiciales puedan aplicarla en la práctica, lo que abre un limbo regulatorio que se extiende en el tiempo.

La reforma laboral fue una de las apuestas sociales más discutidas del actual Congreso. Su aprobación se produjo luego de un trámite legislativo extenso y de múltiples intentos previos que no habían logrado avanzar. Ahora, con la ley vigente pero sin reglamentación completa, el debate se reubica: ya no gira tanto sobre qué dice el texto, sino sobre cómo y cuándo empezará a regir en la vida cotidiana de los colombianos.

Para los trabajadores, el vacío regulatorio genera incertidumbre sobre derechos que la reforma busca ampliar, entre ellos los relacionados con la estabilidad laboral, la formalización y las condiciones de contratación. Para los empleadores, la falta de claridad dificulta la planeación de nóminas, la adopción de nuevas obligaciones y la adecuación de contratos a los cambios introducidos por la ley.

El sector empresarial ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por la manera en que se está implementando la reforma, y ha pedido al Gobierno reglas de transición claras. Algunos sectores productivos, como el agro y las pequeñas empresas, han señalado que los nuevos requisitos podrían impactar sus costos si entran en vigor sin manuales de aplicación ni cronogramas definidos por el Ejecutivo.

Por su parte, centrales obreras y organizaciones sindicales han reclamado que la reglamentación no se siga aplazando, pues consideran que cada día sin decretos claros significa un día más de aplicación desigual de los derechos laborales. Las demandas de cumplimiento se inscriben en esa disputa, al pedir a los jueces que ordenen al Gobierno avanzar en los actos administrativos pendientes.

Ahora el proceso pasa a los despachos judiciales competentes, que deberán evaluar la admisión de las 14 acciones y, en su caso, ordenar a las entidades responsables expedir los reglamentos faltantes en un plazo determinado. El Gobierno nacional, por su parte, aún no se ha pronunciado de forma pública sobre los plazos concretos para completar la reglamentación de los artículos objeto de las acciones.

El desenlace de estas acciones marcará un precedente sobre los límites entre la potestad reglamentaria del Ejecutivo y el derecho de los ciudadanos a exigir el cumplimiento efectivo de las leyes. Si los jueces fallan a favor de los accionantes, el Gobierno quedaría sujeto a plazos perentorios para expedir los decretos y resoluciones pendientes, lo que aceleraría la entrada en vigor de varios apartados de la reforma.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué son las acciones de cumplimiento que se radicaron contra la reforma laboral?

Son demandas judiciales para obligar a una autoridad a cumplir una norma o un deber legal que se encuentra omitido. En este caso, se piden contra el Gobierno por la falta de reglamentación de la reforma laboral.

### ¿Por qué se dice que la reforma laboral no está reglamentada?

Porque, según la demanda reportada por El Colombiano, faltan decretos y resoluciones necesarios para aplicar varios apartados de la ley, lo que impide su puesta en práctica en igualdad de condiciones para trabajadores y empleadores.

### ¿Quién presentó las 14 acciones de cumplimiento?

La firma SPL Salgado Abogados y Consultores, de acuerdo con la información publicada por El Colombiano.

### ¿Qué puede pasar si los jueces admiten las acciones?

Podrían ordenar al Gobierno expedir en un plazo determinado los decretos y resoluciones pendientes, lo que aceleraría la entrada en vigor plena de los apartados de la reforma laboral que aún carecen de reglamentación.

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Publicado por [Abelardo Presidente](https://abelardopresidente.co), observatorio ciudadano y neutral del gobierno de Colombia. Cada hecho cita su fuente y se califica por impacto verificable, no por posición política.
