La reforma pensional aprobada en Colombia empezará a regir el 1 de abril del año entrante, de acuerdo con lo reportado por El País. Con ese arranque se concreta el cambio estructural del sistema de pensiones que el país ha discutido durante los últimos años, y que reemplaza parte del esquema instaurado por la Ley 100 de 1993.
Uno de los puntos centrales de la transición es el umbral de semanas cotizadas. Las mujeres que al momento del cambio tengan al menos 750 semanas y los hombres que acumulen 900 semanas podrán mantenerse bajo las reglas de la Ley 100. En la práctica, ese criterio define quién conserva las condiciones previas y quién pasa al nuevo modelo, que combina un pilar contributivo público con un componente de ahorro individual.
El sistema que se pondrá en marcha contempla varias modificaciones que venían discutiéndose desde 2023. Una de ellas es la creación de un fondo público de ahorro individual administrado por el Banco de la República, encargado de gestionar los recursos de los nuevos afiliados y de asegurar la cobertura de la pensión de vejez dentro de parámetros de contributividad.
El nuevo diseño mantiene tres pilares. El primero es el solidario, destinado a los adultos mayores en condición de pobreza extrema y a la población rural. El segundo es el contributivo, con cotización obligatoria de empleados, empleadores e independientes. El tercero es el de ahorro individual, en el que Colpensiones administrará los recursos de quienes coticen por debajo de un umbral salarial definido en la ley.
La transición genera preocupación entre quienes están cerca de pensionarse, pero no alcanzan las semanas exigidas. Para ellos, la reforma contempla mecanismos de gradualidad y tablas de equivalencia, aunque los detalles operativos dependerán de los reglamentos que expidan el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera en los próximos meses.
Otro frente sensible es el de los ahorros en fondos privados. Los afiliados que permanezcan en los fondos de pensiones administrados por entidades como Porvenir, Protección y Skandia podrán trasladar sus recursos a Colpensiones o mantenerse en sus cuentas individuales, según las decisiones que tomen antes de la fecha de entrada en vigencia.
Para los trabajadores jóvenes, el cambio implica cotizar en condiciones distintas a las que rigieron para sus padres y abuelos. La edad de jubilación se mantiene en 62 años para hombres y 57 para mujeres, pero el cálculo del monto pensional variará según el número de semanas y el salario base de cotización, con reglas unificadas para todo el territorio nacional.
Sectores empresariales han pedido claridad sobre los impactos en la nómina. La transición hacia un sistema mixto exige ajustes en los aportes que hoy hacen los empleadores al sistema de seguridad social, y los gremios han solicitado al Gobierno nacional reglamentar pronto los cambios para evitar traumatismos en la liquidación de las prestaciones.
En el ámbito político, la reforma ha sido respaldada por el actual Ejecutivo como una pieza clave para mejorar la cobertura del sistema, que hoy deja sin pensión a cerca de la mitad de los adultos mayores en Colombia, según estimaciones oficiales citadas por distintos medios nacionales. Las centrales obreras, en cambio, han reclamado ajustes que consideran necesarios antes del arranque definitivo.
El calendario oficial señala que entre la fecha de promulgación y el 1 de abril del próximo año se adelantará la fase de alistamiento, con campañas de pedagogía para afiliados, pensionados y empleadores. La transición gradual se prolongará durante varios lustros hasta que las nuevas reglas se apliquen por completo a toda la población económicamente activa.