La reforma pensional que modifica el sistema de ahorro individual en Colombia quedó en firme con una fecha de entrada en vigor: abril de 2027. Así lo reseña EL HERALDO en un reporte sobre el funcionamiento del nuevo esquema que se empezará a aplicar a los trabajadores colombianos.
Según la información publicada por el diario, a la Cámara de Representantes le quedan 30 días hábiles para ajustar artículos pendientes de la ley. El plazo se otorga dentro del trámite legislativo posterior a la sanción, una etapa usual para corregir referencias, concordancias y vacíos técnicos que quedan tras la aprobación.
El cambio central de la reforma es el traslado de la administración de los aportes de pensiones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, la entidad pública del régimen de prima media. Con la nueva regla, los trabajadores que ganen hasta determinado umbral cotizarán en el fondo público, mientras que quienes superen ese tope podrán elegir entre Colpensiones y un componente de ahorro individual.
La transición será gradual. Los afiliados más cercanos a la edad de pensión tendrán condiciones especiales de traslado, y los saldos acumulados en las AFP no se perderán, pues se trasladarán a la cuenta del nuevo sistema o quedarán en la administradora privada según el caso, de acuerdo con el diseño contemplado en la ley.
El contexto de esta decisión incluye años de debate en el Congreso sobre la sostenibilidad del sistema pensional, la cobertura de los adultos mayores y la rentabilidad de los fondos privados. La reforma aprobada busca ampliar la protección a los trabajadores con menores ingresos, reducir la fragmentación administrativa y unificar reglas en un solo sistema público para la mayoría de la población.
Para los ciudadanos, el impacto inmediato es operativo: cambios en la planilla de aportes, nuevos porcentajes de cotización según el nivel de ingreso y modificaciones en los plazos para acceder a la pensión. Las empresas, por su parte, deberán ajustar sus procesos de nómina y los canales de pago al sistema público.
Organizaciones de trabajadores y pensionados han reclamado reglas claras de transición y garantías para los ahorros acumulados. El Gobierno nacional ha defendido la reforma como un paso hacia mayor equidad. Ambos lados coinciden en que los 30 días hábiles que tiene la Cámara serán determinantes para despejar incertidumbres, según el reporte de EL HERALDO.
Quedan pendientes varios temas de reglamentación: las condiciones de quienes están próximos a pensionarse, el tratamiento de los aportes voluntarios y los mecanismos de seguimiento al nuevo fondo público. La Corte Constitucional también tendrá la última palabra sobre eventuales demandas contra el articulado, como ocurre con las leyes que reforman derechos sociales.
En la práctica, los colombianos verán los primeros efectos en su desprendible de nómina una vez la ley entre en vigor en abril de 2027, siempre que el Congreso cierre los ajustes pendientes y la reglamentación esté lista en los meses previos. Hasta entonces, el sistema actual seguirá operando con las reglas de siempre.