El Espectador informó que Colombia estrenará un nuevo sistema pensional el próximo 1 de abril de 2027. El cambio hace parte de la reforma aprobada en el Congreso y plantea reglas distintas a las que rigen hoy para la afiliación, las cotizaciones y el reconocimiento de las pensiones.
La reforma pensional modifica la estructura del sistema de ahorro individual que rige desde 1993 con la Ley 100. Bajo ese modelo, cada trabajador afiliaba su ahorro a una cuenta en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y la mesada final dependía del rendimiento y del capital acumulado durante la vida laboral.
Con la reforma, parte de las cotizaciones serán administradas por un sistema público de reparto, administrado por Colpensiones, y otra porción seguirá en manos de las AFP. El nuevo esquema divide a los afiliados según su edad y el número de semanas cotizadas, de modo que las reglas de transición varían para cada persona.
El alcance es masivo: según las proyecciones del debate legislativo, cerca de 17 millones de trabajadores afiliados a las AFP serán trasladados al fondo público. Esto convierte la reforma en una de las transformaciones más grandes del Estado en materia de protección social de las últimas décadas.
Para los trabajadores, el cambio implica revisar con cuidado sus semanas cotizadas, su edad y su expectativa de jubilación. Quienes ya están cerca de pensionarse pueden quedar bajo las reglas anteriores, mientras que los más jóvenes estarán plenamente en el nuevo modelo. Por eso, los expertos recomiendan revisar el historial en la AFP y proyectar el efecto del cambio en la mesada pensional esperada.
La reforma también redefine el rol de Colpensiones, que vuelve a ser protagonista en la administración de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. La entidad deberá prepararse para recibir a millones de nuevos afiliados y para garantizar el pago oportuno de las mesadas, en un esquema financieramente sensible y con una población que envejece con rapidez.
En materia fiscal, la sostenibilidad del nuevo sistema depende de varios factores: la tasa de cotización, las condiciones demográficas y la transición financiera desde los fondos privados hacia el régimen público. El Gobierno ha sostenido que la reforma garantiza el pago de las pensiones actuales y futuras, pero persisten dudas sobre el equilibrio de largo plazo, que serán objeto de seguimiento por parte de organismos técnicos y de control.
La entrada en vigencia el 1 de abril de 2027 deja un periodo de transición de varios años. Durante ese tiempo, las autoridades, las AFP y Colpensiones deberán implementar los cambios operativos, migrar la información de los afiliados y ajustar los sistemas de pago. Los ciudadanos, por su parte, deberán entender qué les aplica y cómo les cambia el cálculo de su futura pensión.
Quedan pendientes varios puntos que la propia fuente recoge como claves para los lectores: quiénes se trasladan automáticamente al sistema público, qué pasa con los saldos ya acumulados en las AFP, cómo se determinan las semanas mínimas y qué opciones tendrá quien esté en zona gris entre ambos esquemas. El Espectador adelantó que esos interrogantes se irán aclarando con la reglamentación que expida el Gobierno en los próximos meses.