La Reforma Rural Integral, el primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado en 2016, cumplió una década sin completar su implementación. Informes recientes señalan que los recursos asignados al proceso han disminuido, mientras el territorio rural sigue esperando los beneficios prometidos en materia de tierras, desarrollo y presencia estatal.
El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc estableció compromisos en seis puntos. La Reforma Rural Integral fue diseñada como la herramienta para cerrar la histórica brecha entre el campo y la ciudad, mediante acceso a tierras, programas de productividad, infraestructura vial, salud, educación y agua potable en las zonas más afectadas por el conflicto.
Según el extracto consultado, dos factores explican el rezago. El primero es el crecimiento de grupos criminales que ocupan los territorios donde debería avanzar la reforma. El segundo es la falta de coordinación entre las entidades del Estado responsables de ejecutar cada componente, lo que ha frenado la llegada efectiva de programas a las comunidades.
El recorte presupuestal es el tercer elemento que agrava la situación. La disminución de los recursos limita la capacidad de las instituciones para cumplir las metas pactadas, como la formalización de tierras, los planes de desarrollo con enfoque territorial y los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Para los habitantes de las zonas rurales, la reforma representa acceso a derechos básicos que durante décadas fueron negados por la violencia y el abandono estatal. La demora en su implementación significa que miles de familias campesinas e indígenas siguen sin títulos de tierra, sin vías adecuadas y sin servicios públicos esenciales.
El contexto general de seguridad en Colombia muestra que la violencia no desapareció tras la firma del Acuerdo. Grupos armados como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN disputan el control de zonas estratégicas, lo que pone en riesgo a las comunidades y obstaculiza la presencia de entidades del Estado encargadas de la reforma.
La falta de articulación institucional entre ministerios, agencias y gobiernos locales es un problema estructural. Sin una instancia única que coordine la ejecución, los avances quedan fragmentados y los recursos se diluyen en acciones dispersas que no impactan de manera integral el territorio.
A diez años de la firma, el balance general es de incumplimiento parcial. Aunque se han logrado avances puntuales en formalización de tierras y algunos programas productivos, las metas globales están lejos de cumplirse, y la población rural sigue siendo la más afectada por la pobreza y la violencia en el país.
Lo que sigue es una revisión de los compromisos pendientes y la decisión del Gobierno nacional sobre si se mantendrán, ajustarán o replantearán los objetivos originales de la reforma. Las comunidades rurales, los excombatientes y los organismos de control observan de cerca los próximos pasos en este proceso clave para la construcción de paz en Colombia.