Según publicó Portafolio, la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Abelardo de La Espriella tendría como ejes principales la lucha contra la evasión fiscal y la revisión de los beneficios y exenciones existentes, sin un aumento generalizado de las tarifas de los tributos vigentes en Colombia.
El mismo medio señala que las estimaciones internas ubican la evasión del IVA en 35 % y la del impuesto de renta en 40 %, dos niveles que el equipo económico considera críticos para cerrar el recaudo sin necesidad de tocar las tarifas generales. Esa diferencia entre lo que se recauda y lo que se debería recaudar constituye, según Portafolio, la principal fuente de recursos frescos que buscaría la reforma.
Para reducir esa brecha, la propuesta contemplaría un papel más activo de la facturación electrónica y de los cruces de información entre la DIAN, las entidades financieras y los registros mercantiles. La idea, reportada por el diario, es que el cruce masivo de datos permita identificar omisiones y reducir los márgenes de maniobra de quienes no declaran o declaran menos de lo facturado.
El otro frente de la reforma sería la depuración del sistema de beneficios tributarios. Portafolio explica que se pasaría de una lógica de mantener una lista amplia de exenciones y deducciones a otra de revisarlas caso por caso, con el propósito de mantener solo aquellas que tengan un impacto social o económico demostrable. Los beneficios que no superen ese filtro podrían ser eliminados o reconfigurados.
En el contexto colombiano, las reformas tributarias han sido recurrentes desde la implementación de la Ley 2277 de 2022, conocida como la reforma del gobierno anterior, que subió tarifas a personas jurídicas y amplió la base del IVA en algunos productos. Cualquier nueva modificación se produciría sobre ese marco vigente, lo que condiciona tanto el margen de maniobra del Ejecutivo como el debate en el Congreso.
Para los contribuyentes, una reforma centrada en evasión y beneficios implica un cambio de énfasis respecto a las reformas recientes. Los hogares de ingresos medios y altos y las empresas formales, que ya tributan sobre la mayor parte de sus ingresos, no enfrentarían subidas de tarifa, pero sí un sistema de fiscalización más exigente y un menor acceso a deducciones que hoy usan como herramienta de planeación.
El sector empresarial, por su parte, seguiría de cerca la depuración de beneficios, porque muchos regímenes especiales, descuentos y exenciones sectoriales forman parte de sus estructuras de costos y de sus decisiones de inversión. Una eliminación gradual o un rediseño de esos incentivos podría afectar sectores como el agropecuario, las zonas francas, la economía naranja y la industria cinematográfica, entre otros.
Desde el punto de vista del recaudo, Portafolio recuerda que una mayor eficiencia en la cobranza y una base menos erosionada por la evasión permitirían, en teoría, financiar el gasto público sin recurrir a nuevas cargas sobre los contribuyentes cumplidos. El diario no precisa cifras oficiales sobre cuánto espera el gobierno recoger con estas medidas, pero subraya que el enfoque ya fue socializado al interior del equipo económico.
Quedan pendientes varios elementos centrales del proyecto: el texto articulado, la exposición de motivos, el aval del Ministerio de Hacienda y el trámite ante el Congreso. También está por definirse el cronograma exacto, los regímenes de transición para los beneficios que se eliminen y la profundidad de los nuevos controles digitales sobre la facturación.
En resumen, según la información publicada por Portafolio, la reforma tributaria de De La Espriella se aleja del esquema tradicional de subir tarifas y apuesta por dos herramientas: cerrar la evasión con tecnología y cruzar datos, y podar el catálogo de beneficios para que solo queden los que se justifiquen. El éxito de esa estrategia dependerá de la capacidad técnica de la DIAN y del respaldo político que reciba el proyecto en el Legislativo.