El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que presentará su propio proyecto de reforma tributaria ante el Congreso en el mes de septiembre, según reportó El Espectador. El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión fiscal del país, que ya tenía un texto en trámite en el Capitolio.
En efecto, la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro, radicó esta semana su propia iniciativa tributaria, la cual sigue su curso legislativo. El fenómeno es inusual: por primera vez en varios años coinciden en el Congreso dos proyectos de reforma tributaria de signo distinto, uno del gobierno saliente y otro del recién posesionado.
El Ministerio de Hacienda será la cartera encargada de estructurar y sustentar la nueva propuesta ante las comisiones económicas y plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Aunque el contenido del articulado no se ha hecho público, el Ejecutivo aseguró que la presentación formal se hará en septiembre, dentro del calendario legislativo ordinario.
Para los analistas consultados en distintas ocasiones por medios colombianos, la coincidencia de dos reformas tributarias en simultáneo genera un escenario complejo. El Congreso deberá definir si tramita ambas iniciativas por separado, las acumula, o prioriza una sobre la otra. Cualquiera de las tres rutas exige acuerdos entre bancadas que hoy están altamente fragmentadas.
La reforma tributaria es la herramienta principal con la que el Ejecutivo busca ajustar los ingresos del Estado, modificar tarifas, beneficios y exenciones, y atender compromisos de gasto. Por eso, más allá del contenido específico, lo que se decide en las próximas semanas es el marco fiscal con el que Colombia funcionará durante los próximos años.
El país llega a este debate con una conversación abierta sobre el peso de la carga tributaria, la evasión y elusión, y la necesidad de recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Las centrales obreras, los gremios empresariales y las academias suelen ser los principales interlocutores durante el trámite de este tipo de proyectos.
Según la nota de El Espectador, la confirmación del cronograma se produjo tras una revisión interna del equipo económico. El gobierno no anticipó aún si su propuesta buscará ampliar la base de contribuyentes, modificar el impuesto al patrimonio, revisar el IVA o plantear una combinación de varias de esas herramientas. Esos detalles se conocerán cuando se radique el texto.
La recta final del año legislativo suele ser apretada, y septiembre marca el inicio del último periodo de sesiones ordinarias. Si la iniciativa no alcanza a ser aprobada en 2025, podría acumularse para el año siguiente, lo que le daría más tiempo al debate, pero también mayor incertidumbre sobre las reglas fiscales que regirán el próximo año gravable.