El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa una reforma tributaria y un recorte del gasto por 60 billones de pesos. El anuncio fue reportado por La Nación, que titula la propuesta como un giro fuerte en la política económica del nuevo gobierno.
La reforma tributaria es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo busca modificar los impuestos vigentes o crear nuevos tributos. En la práctica, ese tipo de proyectos suelen tocar el impuesto sobre la renta, el IVA, los gravámenes a sectores específicos y los beneficios tributarios. Sin embargo, el extracto entregado no precisa cuáles de esos componentes se incluyen en la propuesta ni las tarifas propuestas.
El recorte de 60 billones de pesos corresponde a una reducción del gasto público, es decir, a menores apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación. Esa cifra equivale a cerca de un 6 % del presupuesto vigente, un orden de magnitud similar al de ajustes fiscales aplicados en Colombia en coyunturas anteriores para cumplir metas de déficit o de deuda.
En Colombia, las reformas tributarias tramitan por el Congreso de la República y requieren el trámite de ocho debates en dos legislaturas consecutivas. Para aprobarse en una sola legislatura se necesita una mayoría calificada. El éxito de la iniciativa dependerá, en buena medida, de los acuerdos políticos que el gobierno logre con las distintas bancadas.
La propuesta llega cuando el país viene ejecutando una transición fiscal gradual. Bajo el marco vigente, el gobierno anterior dejó programadas reglas de ajuste progresivo del déficit y de la deuda, conocidas como la regla fiscal. Cualquier modificación de esa trayectoria suele requerir aval del Ministerio de Hacienda y conversación con organismos como la Comisión Independiente de la Regla Fiscal.
Para los ciudadanos, una reforma tributaria de esta naturaleza suele traducirse en cambios sobre lo que pagan asalariados, empresas y consumidores. Un recorte simultáneo del gasto puede afectar la inversión pública en sectores como infraestructura, salud, educación y defensa, dependiendo de dónde se concentren las reducciones. La fuente no detalla el desglose.
En el terreno político, una reforma de gran tamaño suele despertar reacciones de los gremios, los partidos y los sindicatos. Sectores empresariales tienden a pedir menor carga sobre la producción y el empleo. Las centrales obreras suelen alertar por el impacto sobre los trabajadores y por la calidad de los servicios públicos si el recorte recae sobre la inversión social. Hasta ahora, el extracto no recoge pronunciamientos.
Quedan varios puntos por esclarecer. El Ministerio de Hacienda deberá radicar el texto del proyecto para conocer el articulado concreto, los sectores impactados y el calendario de transición. También se conocerán los puntos de partida, las excepciones y los estímulos previstos. La ciudadanía y los analistas seguirán de cerca el trámite legislativo y las cifras oficiales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por ahora, el dato central es que el gobierno del presidente de la Espriella inscribió la reforma tributaria y el recorte de 60 billones como una de sus apuestas económicas de arranque. El rumbo que tome el debate en el Congreso y la manera como se distribuya el ajuste serán los termómetros del impacto real sobre la economía del país.