La administración del presidente Abelardo de la Espriella derogó el decreto que prohibía la aspersión aérea con glifosato en Colombia, según informó la Revista Semana. La decisión fue firmada por Carlos Gónima, viceministro de Política Criminal, y reabre un debate que el país había cerrado hace casi una década por los riesgos ambientales y de salud asociados al herbicida.
La aspersión aérea con glifosato fue suspendida en 2015 tras una directriz del Consejo Nacional de Estupefacientes, después de que la Organización Mundial de la Salud clasificara el glifosato como posible cancerígeno. Durante años, la Corte Constitucional y organismos de control habían señalado la necesidad de estudios previos sobre el impacto en la salud y los ecosistemas antes de reanudar esa práctica.
El nuevo decreto no autoriza de inmediato las fumigaciones. La aplicación del glifosato depende de los protocolos técnicos que el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional, deberá expedir. Esos protocolos deben incluir zonas de exclusión, sistemas de información geográfica y mecanismos de seguimiento a la salud de las comunidades expuestas, según el marco vigente.
La medida se inscribe en la política antinarcóticos del Gobierno De La Espriella, que ha señalado a los grupos armados ilegales y al narcotráfico como sus principales amenazas de seguridad. Sectores productivos de regiones como Putumayo, Caquetá y Catatumbo han reclamado acciones más contundentes contra los cultivos de coca, que en los últimos años han alcanzado niveles históricos de producción.
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, por su parte, han advertido que la aspersión aérea podría afectar fuentes de agua, cultivos lícitos y comunidades étnicas. También cuestionan la eficacia del método frente a las estrategias de erradicación manual y de sustitución voluntaria que impulsa el Gobierno en paralelo.
Con la derogatoria, la pelota queda en manos del Ministerio de Defensa, que en los próximos meses deberá definir si reactiva el programa o si prioriza los esquemas ya en marcha. Mientras tanto, las regiones cocaleras esperan señales concretas que determinen si habrá un cambio de estrategia o si la decisión se quedará en el papel.