El Ministerio de Defensa entregó un reporte en el que se registran 219 movimientos de aeronaves de la fuerza pública entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre, durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La información, divulgada por Infobae, sostiene que más del 50% de esos vuelos tuvieron una duración inferior a los diez minutos.
Según el reporte citado por Infobae, el costo acumulado de esas operaciones ascendería a aproximadamente 356 millones de pesos. El medio no detalla en el extracto cuál sería la Aeronave Civil o la dependencia encargada de validar esas cifras, pero el reporte fue elaborado por el Ministerio de Defensa, cartera que tiene a su cargo la administración y control del uso de aeronaves oficiales.
El periodo cubierto por el reporte coincide con los primeros días del gobierno de De la Espriella. La duración de los vuelos es uno de los indicadores que se suelen revisar en este tipo de auditorías internas, porque permite contrastar el tiempo real de operación frente al tiempo facturable por las tripulaciones, el combustible y el desgaste de las aeronaves.
La información se conoció a través de Infobae y no incluye, en el extracto disponible, una respuesta oficial de la Casa de Nariño ni del Ministerio de Defensa frente al contenido del reporte. Tampoco precisa si los vuelos cortos corresponden a traslados entre puntos cercanos, o si obedecen a otra clase de operaciones.
El uso de aeronaves de la fuerza pública para el movimiento de altos funcionarios del Estado está regulado por normas de austeridad y por manuales internos de operaciones aéreas. Estas normas suelen establecer criterios sobre cuándo procede un vuelo oficial, qué tipo de aeronave usar y qué justificación se requiere para cada desplazamiento.
Para la ciudadanía, el reporte abre una pregunta sobre el uso de los recursos públicos asignados al transporte aéreo oficial. En Colombia, el seguimiento al gasto de las entidades del Estado se canaliza a través de organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría, que pueden abrir indagaciones si identifican irregularidades.
La divulgación del reporte se produce en un contexto de mayor exigencia de transparencia sobre los gastos del Gobierno nacional. Sectores políticos y organizaciones de control ciudadano suelen pedir la publicación activa de los registros de vuelos, combustibles y operaciones especiales de la fuerza pública.
Queda por conocer si el Ministerio de Defensa ampliará el reporte con el listado completo de vuelos, rutas y tripulaciones, o si abrirá una investigación interna sobre los trayectos de menos de diez minutos. También se espera la posición oficial del Gobierno frente a las cifras difundidas por Infobae.