El presidente Abelardo De la Espriella se pronunció por redes sociales para exigir a su ministra de Salud y a la Nueva EPS la atención inmediata de cuatro casos médicos que afectan a menores y que se han hecho virales en los últimos días. La petición la dirigió de manera directa a las dos entidades responsables de garantizar la prestación del servicio, según reportó EL PAÍS.
La decisión marca la primera respuesta pública del Mandatario frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. En lugar de una comunicación oficial de gabinete, el presidente eligió una red social para transmitir el mensaje, lo que muestra el peso que hoy tienen las plataformas digitales como canal directo entre el Gobierno y la ciudadanía.
La Nueva EPS es una de las entidades promotoras de salud más grandes del país y concentra a millones de afiliados en distintas regiones. Por su tamaño y cobertura, cualquier solicitud presidencial sobre casos puntuales adquiere relevancia institucional, pues suele interpretarse como una señal de intervención sobre el funcionamiento interno de la entidad.
Los cuatro casos virales comparten un denominador común: menores de edad que requieren procedimientos o tratamientos que, según denuncian sus familias en redes, no han sido entregados de manera oportuna por la EPS o por las instituciones prestadoras. La viralización de estas historias ha puesto presión sobre el sistema y ha generado reacciones ciudadanas en todo el país.
El mecanismo de exigir respuestas a casos individuales que se vuelven tendencia refleja un patrón de gestión que se ha repetido en distintos gobiernos: atender primero lo que genera ruido público, antes que resolver problemas estructurales. Expertos en salud pública suelen advertir que este enfoque, aunque legítimo en lo humanitario, deja intactas las causas de fondo que producen las demoras.
Desde el punto de vista institucional, el llamado presidencial pone a la Nueva EPS frente al reto de demostrar capacidad de respuesta en cuestión de horas o días, según la urgencia de cada caso. La entidad debe movilizar equipos, verificar autorizaciones y coordinar con clínicas y hospitales, en un contexto donde el sistema de salud acumula reclamos por demoras en autorizaciones, entregas de medicamentos y cirugías programadas.
Para las familias de los menores, la intervención del presidente representa una esperanza concreta de que sus casos dejen de quedar atrapados en los canales administrativos habituales. Para otros pacientes que atraviesan situaciones similares pero sin visibilidad en redes, la pregunta es cómo acceder al mismo nivel de respuesta cuando sus reclamos no se vuelven tendencia.
La ministra de Salud, por su parte, queda en una posición delicada: debe responder ante el presidente por casos individuales y, al mismo tiempo, sostener la conducción de una política sectorial que enfrenta cuestionamientos por la sostenibilidad del sistema, los giros pendientes a hospitales y la deuda acumulada con prestadores.
Según la fuente, por ahora no se conoce un pronunciamiento público detallado de la Nueva EPS ni de la ministra sobre los plazos concretos para resolver cada uno de los cuatro casos. La expectativa es que en las próximas horas se conozca la evolución de los pacientes y las decisiones administrativas adoptadas para atender la solicitud presidencial.