El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) compareció ante la Cámara de Representantes en un debate de control político y entregó detalles sobre el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero. Según la información revelada en esa sesión, la protección se mantuvo durante casi 18 meses.
Guerrero fue condenada por la obtención de títulos falsos a través de la Fundación San José, una situación que ha generado cuestionamientos sobre los criterios con los que la UNP asigna y mantiene esquemas de protección a personas con antecedentes judiciales o investigaciones en curso.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de evaluar los niveles de riesgo y asignar medidas de protección a personas que, por su actividad o condición, enfrentan amenazas contra su vida o integridad. Sus decisiones se basan en estudios técnicos de riesgo y en los informes de los organismos de inteligencia del Estado.
El debate de control político en la Cámara de Representantes es un mecanismo previsto en la Constitución para que los congresistas citen a funcionarios del Gobierno y soliciten explicaciones sobre el manejo de recursos públicos y la toma de decisiones administrativas.
La revelación del costo y la duración del esquema de seguridad abre un debate sobre la pertinencia de mantener la protección oficial para personas que han sido condenadas, así como sobre los criterios técnicos que aplica la entidad en estos casos puntuales.
La Fundación San José, mencionada en el caso, ha sido señalada en investigaciones por la presunta expedición irregular de títulos académicos. Las condenas derivadas de estos hechos han motivado investigaciones disciplinarias y penales contra distintas personas vinculadas a esa institución.
El caso pone sobre la mesa preguntas sobre la articulación entre las decisiones judiciales, las investigaciones de la Fiscalía y la asignación de recursos de protección por parte de la UNP, especialmente cuando se trata de personas con procesos penales activos o ya condenadas.
Por ahora, la información entregada por el director de la UNP en el debate queda como insumo para el control político que ejercen los representantes a la Cámara. Queda pendiente conocer si la entidad abrirá una revisión interna de los criterios aplicados en este esquema de protección específico.