La Contraloría General de la República entregó un balance en el que reporta 1.970 proyectos con problemas de ejecución, una cifra que incluye obras inconclusas y proyectos catalogados como críticos. El valor total comprometido en esos proyectos supera los 67 billones de pesos, según el informe reseñado por El Cronista.
El reporte llega cuando el país está cerca del cambio de gobierno y pone sobre la mesa un inventario de obras que no concluyeron o que presentan retrasos. Para los ciudadanos, esto se traduce en colegios, hospitales, vías y acueductos que quedaron a medias o sin terminar, con contratos vigentes y dinero público ya girado o presupuestado.
La Contraloría es el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos y de alertar sobre los riesgos fiscales. Su informe se nutre de auditorías, seguimientos a contratos y reportes de las entidades ejecutoras. Cuando clasifica un proyecto como crítico o como obra inconclusa, está señalando que la ejecución no avanzó según lo planeado y que el riesgo de pérdida de recursos es alto.
En las últimas décadas, Colombia ha arrastrado un histórico de obras sin terminar. El propio Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación han reportado cifras de proyectos paralizados por falta de estudios previos, problemas de diseño, cambios de contratistas o líos con la adquisición de predios. El nuevo informe de la Contraloría se suma a ese historial y lo cuantifica.
Para los ciudadanos, el impacto es directo. Una vía sin terminar encarece el transporte de alimentos y pasajeros. Un hospital o un colegio inconcluso deja a una comunidad sin servicios básicos. Y cada obra paralizada suele terminar en litigios, pólizas y procesos judiciales que pueden prolongarse durante años antes de resolverse.
El informe no detalla cada uno de los 1.970 proyectos, pero sí los agrupa por su nivel de riesgo y por el monto comprometido. Los 67 billones de pesos comprometidos representan una parte significativa del presupuesto de inversión del Estado y concentran la atención sobre la capacidad técnica y financiera de las entidades a cargo de ejecutar esos proyectos.
La próxima administración recibirá este inventario como uno de los retos iniciales de su gestión. Terminar las obras inconclusas, renegociar contratos o, en el peor de los casos, liquidarlos son decisiones que habrá que tomar con el apoyo de los organismos de control. La Contraloría suele insistir en que cada proyecto debe tener un plan claro de culminación o de cierre.
El reporte también reabre el debate sobre la planeación de la inversión pública en Colombia. Diversos analistas han señalado que el país ejecuta por debajo de lo que presupuesta, en parte por demoras en los estudios previos y en la contratación. Los datos de la Contraloría alimentan esa discusión con cifras concretas sobre proyectos y montos.
Queda pendiente conocer el detalle por sectores y por regiones, así como las responsabilidades fiscales que determine la Contraloría en cada caso. El informe, según El Cronista, se conoce en un momento en el que el país se prepara para una transición de gobierno, lo que le da un peso adicional como insumo para la toma de decisiones de la próxima administración.