Según el extracto disponible, el documento en cuestión habría solicitado la suspensión de determinadas operaciones militares y policiales contra la Segunda Marquetalia en el periodo comprendido entre 2024 y 2025. Hasta el momento no se conoce una confirmación oficial sobre su autenticidad ni sobre quién lo elaboró o lo firmó.
La Segunda Marquetalia es una estructura disidente de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Márquez, que reapareció públicamente en 2019 tras el abandono del Acuerdo de Paz firmado en 2016. El grupo ha sido señalado por actividades de narcotráfico, reclutamiento y presencia en zonas de frontera, particularmente en el sur del país.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la política de seguridad se enmarcó en la llamada "paz total", una estrategia que buscaba abrir espacios de diálogo con distintos grupos armados, incluidas disidencias de las FARC y el ELN. Esa línea de acción generó cuestionamientos por parte de sectores políticos y de las Fuerzas Militares, que pidieron claridad sobre los límites entre la negociación y la acción operativa.
De confirmarse la autenticidad del documento, la revelación abriría interrogantes sobre si existieron instrucciones formales para detener acciones ofensivas contra una estructura armada que las autoridades han calificado como organización criminal. También pondría en discusión la coordinación entre el Ministerio de Defensa, el comando militar y la Policía Nacional en ese periodo.
Para los ciudadanos, el tema tiene implicaciones directas en materia de seguridad regional. En departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés, la presencia de la Segunda Marquetalia ha sido asociada por la Fuerza Pública a hechos de violencia, extorsiones y desplazamiento forzado. Cualquier decisión sobre operaciones en esas zonas afecta la protección de comunidades y de líderes sociales.
Sectores de oposición han reaccionado en redes sociales pidiendo investigaciones y explicaciones al gobierno anterior. Desde el círculo cercano al expresidente Petro no se ha registrado, hasta ahora, una respuesta pública específica sobre este documento, según la información disponible en la fuente.
El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación serían las entidades llamadas a esclarecer la veracidad del documento y eventuales responsabilidades, en caso de que las solicitudes descritas hayan tenido efectos sobre la seguridad pública. También el Congreso podría solicitar explicaciones en el marco de sus funciones de control político.
Por ahora, la revelación se inscribe en una serie de señalamientos cruzados sobre el manejo de la seguridad durante el gobierno anterior y sobre el alcance real de los diálogos con grupos armados. La verificación del documento será determinante para establecer si se trató de una solicitud formal o de un escrito sin efectos oficiales.