El Instituto Nacional de Salud (INS) negó el visto bueno para iniciar pruebas piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, según reportó Infobae. El químico estaba planteado por el Gobierno nacional como posible reemplazo del glifosato en la lucha contra los cultivos de uso ilícito.
La decisión del INS se suma a un traspié anterior: un juez ya había fallado en contra del arranque de esas mismas pruebas en el departamento de Putumayo. Con el nuevo pronunciamiento técnico, el piloto queda frenado por dos vías, una judicial y otra de carácter sanitario.
El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro que distintos países han restringido por sus efectos sobre la salud humana y el suelo. La Corte Constitucional de Colombia prohibió el uso del glifosato para la aspersión aérea con fines de erradicación de cultivos ilícitos, lo que obligó al Estado a buscar alternativas dentro de su política antinarcóticos.
Putumayo es una de las zonas más afectadas por los cultivos de coca del país y ha sido escenario recurrente de las estrategias de erradicación. La suspensión del piloto en ese departamento limita la capacidad operativa del Gobierno para probar en terreno el nuevo químico antes de una decisión de fondo sobre el remplazo del glifosato.
Para los habitantes de la región, la decisión significa que no se ejecutará, al menos por ahora, una nueva ronda de aspersiones aéreas, que en el pasado han generado controversias por su impacto ambiental y en la salud de las comunidades campesinas. Organizaciones sociales y ambientales venían reclamando que cualquier nueva sustancia superara filtros técnicos independientes antes de aplicarse en campo.
Desde el punto de vista institucional, el pronunciamiento del INS reabre el debate sobre los criterios técnicos que debe cumplir cualquier herbicida usado en programas oficiales de erradicación. El Instituto, como autoridad sanitaria, tiene entre sus funciones emitir conceptos sobre riesgos para la salud pública, y su concepto resulta determinante en este tipo de decisiones.
En el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la búsqueda de un sustituto al glifosato es una línea explícita de la política antinarcóticos. La negativa del INS obliga a evaluar si el químico propuesto cumple los estándares requeridos, si se ajusta el protocolo de uso o si se explora otra sustancia, lo que puede retrasar el cronograma previsto para el piloto.
Queda pendiente conocer si el Gobierno insistirá con un nuevo protocolo ante el INS, si abrirá el debate a otros químicos o si recurrirá a mecanismos judiciales para destrabar el proceso. Por lo pronto, Putumayo seguirá, al menos en el corto plazo, sin nuevas pruebas piloto de aspersión aérea con este herbicida.