El ministro del Interior, Rodrigo Lara, encendió el debate sobre la seguridad de los mandatarios locales en Colombia. Tras recorridos por el Catatumbo, el sur del Cesar y el sur de Bolívar, el funcionario aseguró que varios alcaldes de esas regiones no cuentan con esquemas completos de protección. La advertencia fue difundida por Infobae.
Lara vinculó esa falencia con la herencia recibida del gobierno anterior. Según sus palabras, recogidas por Infobae, la administración que lo precedió “entregaba camionetas blindadas a (bandidos)”. Con esa frase buscó mostrar, según su lectura, un uso indebido de recursos destinados a la seguridad durante el periodo previo.
El Catatumbo, el sur de Cesar y el sur de Bolívar son tres de las zonas más afectadas por la violencia asociada a grupos armados ilegales en Colombia. En esas subregiones confluyen disputas entre organizaciones como el ELN, disidencias de las FARC y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. Los alcaldes de municipios pequeños suelen ser blanco directo de extorsiones, amenazas y atentados.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de asignar los esquemas de seguridad a servidores públicos en riesgo, entre ellos alcaldes y exalcaldes. Sus estudios de nivel de riesgo determinan si un funcionario recibe escoltas, vehículos blindados, chalecos y otros apoyos. Las denuncias recurrentes de mandatarios señalan demoras, relevos incompletos y cupos insuficientes para cubrir a todos los amenazados.
Para los alcaldes, la falta de protección tiene efectos prácticos inmediatos. Muchos deben restringir su movilidad, suspender visitas a veredas o incluso abandonar el cargo por amenazas. En zonas rurales, la presencia estatal depende en buena medida de que el alcalde pueda recorrer su territorio, atender quejas de la comunidad y coordinar acciones con la fuerza pública.
Las declaraciones del ministro también abren una disputa política sobre la gestión del gobierno anterior en materia de seguridad. Las acusaciones sobre la entrega de camionetas blindadas a grupos ilegales han sido tema de debate público y de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría en años recientes. La bancada saliente ha rechazado, en otras ocasiones, esas versiones y ha defendido la legalidad de los procedimientos administrativos seguidos en su momento.
La situación pone sobre la mesa un reto operativo para el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Identificar a los mandatarios sin cobertura, evaluar su nivel de riesgo y asignar los esquemas pendientes requiere coordinación con la Fuerza Pública y con las gobernaciones departamentales, así como recursos disponibles en el presupuesto asignado a la protección de líderes y servidores públicos.
Por ahora, la advertencia del ministro Lara sitúa el tema en la agenda pública y deja abierta la expectativa sobre qué medidas concretas se adoptarán para reforzar la protección de los alcaldes en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La pelota, según el funcionario, está en diagnosticar primero y asignar después.