El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió en defensa del proyecto que el Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa para regular la protesta social en Colombia. La iniciativa fue presentada como un intento por poner orden en las calles sin restringir las garantías de quienes marchan de forma pacífica.
Durante su intervención, Lara resumió el espíritu de la propuesta con una frase que se convirtió en el eje del debate: ni un derecho menos para quien marcha, ni un espacio más para quien destruye. Con esa fórmula, el funcionario marcó la línea que, según el Gobierno, separa la protesta legítima de los actos de vandalismo.
El ministro recordó que el documento estará abierto a comentarios hasta el domingo 4 de octubre, por lo que invitó a ciudadanos, organizaciones y expertos a enviar sus observaciones. La apertura de la consulta busca, según Lara, recoger insumos antes de avanzar en el trámite legislativo del proyecto.
La propuesta procura ponderar el derecho a la movilización con garantías fundamentales como la vida, la salud y la libre movilidad. Esa ponderación es el punto central del texto, que pretende fijar reglas claras para las manifestaciones sin cerrar el espacio de expresión ciudadana.
La protesta social ha sido uno de los temas más sensibles en la historia reciente del país. Episodios como el paro nacional de 2019 y las jornadas de 2021 dejaron lecciones sobre los límites entre la manifestación pacífica y los hechos de violencia, bloqueos y vandalismo que afectaron a terceros.
Para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, regular la protesta no significa criminalizarla. El Ejecutivo insiste en que el objetivo es proteger a los ciudadanos que salen a marchar y, al mismo tiempo, a quienes se ven afectados por bloqueos o alteraciones del orden público.
Sectores defensores de derechos humanos y organizaciones sociales suelen advertir que este tipo de proyectos pueden terminar restringiendo la movilización. Por eso, la fase de comentarios públicos resulta clave para que la ciudadanía revise el alcance de las medidas.
El Ministerio del Interior tendrá que procesar las observaciones que lleguen antes del 4 de octubre. Con base en esa retroalimentación, el Gobierno definirá si introduce ajustes al texto antes de continuar su curso en el Congreso de la República.
Por ahora, la defensa pública del proyecto por parte de Lara deja ver que la Casa de Nariño apuesta por instalar el debate en el Congreso y en la opinión pública. Queda por verse cómo se tramitará la iniciativa y qué modificaciones surgirán del proceso de consulta.