El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lanzó una dura crítica contra la política de Paz Total que impulsó el gobierno anterior. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, aseguró que esa estrategia fue una maniobra para maniatar a la fuerza pública y dejar sin herramientas de acción a la Policía y las Fuerzas Militares.
Las palabras de Lara se produjeron como respuesta a los señalamientos del gobernador de Nariño, quien cuestionó la gestión del actual Gobierno y defendió el enfoque de seguridad implementado en el periodo anterior. El cruce de declaraciones dejó al descubierto dos lecturas opuestas sobre el mismo periodo: para unos, la Paz Total debilitó a las instituciones armadas; para otros, representó un intento legítimo de reducir la violencia mediante el diálogo.
El ministro fue más allá y planteó que ciertos sectores no pueden compaginar con el crimen mientras mantienen vínculos con la institucionalidad. La frase, pronunciada en tono enfático, apunta directamente a quienes, según su visión, aprovecharon los espacios de diálogo para fortalecer estructuras ilegales en los territorios.
La Paz Total fue una de las banderas del gobierno anterior y se concretó en la Ley 2272 de 2022, que buscó abrir negociaciones simultáneas con grupos armados y estructuras criminales. Sus defensores argumentan que abrió caminos para reducir el conflicto; sus críticos sostienen que generó zonas sin control estatal donde los grupos ilegales se expandieron.
El contexto regional pesa en el cruce. Nariño ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia de organizaciones como las disidencias de las FARC y el ELN. El gobernador ha reclamado en varias ocasiones apoyo del Gobierno nacional para atender la crisis de seguridad en la frontera con Ecuador.
Desde el Gobierno nacional, la postura de Lara marca una línea clara: la seguridad será el eje de la política interior. El ministro ha reiterado en distintas oportunidades que se fortalecerá la fuerza pública y se retomarán criterios de acción ofensiva contra las organizaciones criminales, en contraste con el enfoque negociador de la administración anterior.
La declaración también se lee como un mensaje a los mandatarios locales. Al responder de manera directa al gobernador de Nariño, el ministro fija la posición del Ejecutivo frente a los territorios donde la violencia se ha recrudecido y deja claro que el actual Gobierno no comparte los postulados de la estrategia que lo precedió.
La Paz Total sigue siendo, meses después del cambio de gobierno, un punto de fricción política. Sectores afines al gobierno anterior defienden sus logros en materia de diálogo y sometimiento a la justicia de estructuras criminales. El Gobierno actual insiste en que esos resultados no compensaron los efectos sobre la seguridad y la institucionalidad.
Por ahora, el episodio deja una pregunta abierta: cómo se articulará la política de seguridad del actual Gobierno en regiones como Nariño, donde confluyen la crisis de orden público, los reclamos de las autoridades locales y la herencia de una estrategia que sigue bajo fuertes cuestionamientos.