Rodrigo Londoño, excomandante del ahora partido Comunes y uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, reaccionó al anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. La decisión, comunicada por el presidente Abelardo de la Espriella, marca un giro en la estructura institucional encargada de manejar los diálogos y los procesos de paz en Colombia.
En un mensaje publicado en la red social X, Londoño lanzó pullas directas al jefe de Estado. Lo hizo con la frase «Bienvenida sea la muerte», una expresión que en el contexto político colombiano suele evocar el fin de un proceso o de una garantía institucional, según recoge Infobae.
El exintegrante del antiguo secretariado de las Farc-EP también afirmó que seguirá defendiendo el Acuerdo de Paz suscrito en La Habana, a pesar de las críticas que pesan en su contra. Esas críticas se concentran en los posibles beneficios que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría otorgarle en su condición de compareciente.
La Oficina del Alto Comisionado de Paz fue creada en 1998 como una dependencia del Ministerio del Interior. Desde entonces, ha sido la entidad del Estado encargada de diseñar y acompañar la política de paz, incluidos los acercamientos con grupos armados ilegales y los procesos de negociación como el que en 2012 comenzó en Oslo y luego continuó en La Habana con la entonces guerrilla de las Farc.
El cierre de esa oficina implica que las funciones de coordinación de la política de paz deberán reasignarse dentro de la administración pública. En gobiernos anteriores, la oficina también ejerció como vocería oficial de los avances y obstáculos en las mesas de diálogo con el ELN y con otras organizaciones armadas.
Las reacciones no se han limitado a Londoño. Sectores cercanos a la implementación del Acuerdo de 2016 han expresado preocupación por el impacto que pueda tener la medida en los compromisos pendientes, entre ellos la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la garantía de derechos a excombatientes firmantes de la paz.
Por otro lado, sectores que respaldan la decisión del Gobierno argumentan que la estructura de la oficina había acumulado funciones y que la política de paz puede ejecutarse desde otras dependencias. El debate, según Infobae, se reaviva en un año clave para la consolidación de los acuerdos vigentes y para la discusión de eventuales nuevos diálogos con grupos armados.
La JEP, tribunal creado por el mismo Acuerdo de Paz para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, sigue tramitando los casos de los exmiembros del secretariado de las Farc, incluido el de Londoño. Las decisiones de ese órgano sobre beneficios o sanciones condicionales han sido uno de los puntos más sensibles de la implementación, lo que explica la polarización que refleja la reacción del exguerrillero.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado de manera pública el cronograma ni el decreto específico con el que se formalizará la supresión de la oficina. Tampoco se ha pronunciado sobre la continuidad o el relevo de los equipos técnicos que actualmente trabajan en los procesos de diálogo con otros grupos armados. La frase de Londoño deja en evidencia que el cierre de la oficina reabre la discusión sobre el futuro del Acuerdo de La Habana.
El episodio deja una fotografía clara de las tensiones políticas que rodean la implementación de la paz. La confrontación entre el exjefe guerrillero y el presidente se suma a los cuestionamientos que distintas voces del espectro político hacen sobre la JEP y sobre el rumbo que debe tomar la política de paz del Estado colombiano.