El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, dio a conocer las primeras señales sobre el proceso que definirá el salario mínimo de 2027. La negociación central se trasladará a diciembre de 2026, cuando se reúnan delegados del Ejecutivo, representantes de los empresarios y voceros de los trabajadores, según informó Infobae.
La mesa de concertación salarial es el mecanismo previsto en la legislación colombiana para fijar cada año el ingreso mínimo que reciben los trabajadores formales. En ella participan la Comisión Permanente de Concertación, integrada por el Ministerio del Trabajo, los gremios como la ANDI, Fenalco y la SAC, y las centrales sindicales como CGT y CUT, además de delegados del sector productivo y académico.
De acuerdo con el extracto publicado por Infobae, la discusión de 2026 incorporará nuevos criterios oficiales y técnicos. El propósito declarado es que el incremento del mínimo no impacte de forma significativa el costo de vida, una preocupación que reaparece cada año en el debate público por el efecto sobre la inflación, los alimentos y los servicios.
En los últimos años, el ajuste del salario mínimo ha estado rodeado de polémica por la diferencia entre lo que piden las centrales obreras y lo que ofrecen los gremios. Históricamente, cuando no hay acuerdo, el Gobierno fija el aumento mediante decreto, lo que convierte la negociación en un escenario sensible tanto para el poder adquisitivo de los hogares como para la competitividad de las empresas.
El anuncio llega en un contexto en el que la inflación y el comportamiento de la productividad laboral suelen ser los termómetros de la discusión. Los criterios técnicos que se mencionan suelen incluir indicadores como la inflación observada y la proyectada, la productividad total de los factores, el crecimiento económico y la evolución del empleo formal.
Para los trabajadores, un aumento del mínimo incide directamente en el ingreso de cerca de una cuarta parte de la población económicamente activa que devenga el salario mínimo legal. Para los empleadores, la decisión impacta la nómina y, según el sector, puede empujar al alza los precios de bienes y servicios si el incremento no se compensa con ganancias de productividad.
El Ministerio del Trabajo suele liderar las conversaciones, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República, que aporta los datos macroeconómicos. El proceso de concertación arranca semanas antes de diciembre con mesas técnicas y luego se eleva a la sesión formal, que es la que define el porcentaje o el monto del incremento.
Queda por conocer qué parámetros específicos presentará el Gobierno en la mesa de diciembre de 2026. Por ahora, el mensaje central es que la búsqueda de un equilibrio entre el poder adquisitivo y la estabilidad de precios marcará la conversación sobre el salario mínimo que regirá en 2027.