El ministro de Hacienda electo, Miguel Gómez, afirmó que la discusión sobre el salario mínimo de 2027 debe incorporar tres criterios: la productividad del país, el comportamiento de la inflación y la sostenibilidad de las finanzas públicas. La declaración, recogida por Infobae, marca la primera posición pública del equipo económico entrante sobre un tema sensible para trabajadores, empresarios y pensionados.
En Colombia, la concertación del salario mínimo es un proceso anual que suele cerrar en diciembre. En él participan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, los representantes de los trabajadores y los gremios de empleadores. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es la instancia donde se negocia el ajuste para el año siguiente.
El ingeniero comercial Miguel Gómez, anunciado como titular de la cartera de Hacienda por el presidente electo Abelardo de la Espriella, llega al cargo tras un paso por distintos espacios del sector financiero. Su llegada al Ministerio ocurre en medio del empalme con el equipo económico saliente y de la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso.
El anuncio de un ajuste 'más moderado' se interpreta como una señal de moderación fiscal frente a las expectativas de centrales obreras, que suelen presionar por incrementos que compensen la pérdida de poder adquisitivo del año anterior. También contrasta con los reclamos de los empleadores, que insisten en alzas alineadas con la productividad.
La productividad es uno de los puntos más sensibles de la discusión. En los últimos años las centrales sindicales han señalado que la productividad por trabajador ha crecido menos que el salario real, mientras que los gremios han defendido que buena parte de las actividades económicas registra bajos niveles de ganancia. El Ministerio publica un documento técnico con los indicadores antes de cada concertación.
Para los trabajadores formales, el salario mínimo funciona como ingreso base y como referencia para el pago de horas extras, recargos y aportes a seguridad social. Cerca de 2,5 millones de personas en Colombia devengan el mínimo legal, según estimaciones del Dane. Un cambio en el porcentaje de incremento tiene efecto directo sobre esa población y sobre las mesadas pensionales contributivas de un millón de personas, que se actualizan con el mismo índice.
La sostenibilidad fiscal que mencionó Gómez se refiere, entre otros, al impacto del ajuste salarial en el Presupuesto General de la Nación. Cada punto porcentual de alza del mínimo se traduce en mayores gastos en nóminas de servidores públicos, contratación estatal y aportes a programas como los de juventud. Esa dinámica suele estar en el centro de las recomendaciones del Banco de la República, que insiste en alzas realistas.
Desde el lado gremial, voces como Fenalco y la Andi han pedido que el aumento respalde la competitividad. Desde el sindicalismo, la CUT ha reclamado incrementos que recuperen el poder adquisitivo perdido en años anteriores. Con el anuncio del ministro electo, ambas partes quedaron a la expectativa de la nueva metodología, que según Gómez se conocerá más adelante.
Quedan por definirse las fechas del proceso de concertación, los puntos de la mesa y los estudios técnicos que sustentarán el decreto. La transición entre gobiernos, que arranca el 7 de agosto, deja poco margen de tiempo antes del cierre de las negociaciones, previstas para diciembre de este año.