El Gobierno de Abelardo de la Espriella revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, según reportó Infobae. La medida deja sin efecto el nombramiento que el propio Ejecutivo había expedido en el marco de la estrategia de diálogos con estructuras armadas ilegales.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la decisión se sustenta en las atribuciones constitucionales del presidente de la República para dirigir la política de paz y garantizar la preservación del orden público. La norma invocada corresponde a disposiciones vigentes que el Ejecutivo considera aplicables al caso.
La figura de gestor de paz fue creada por la legislación colombiana como un mecanismo para que personas con conocimiento de los territorios y de los grupos armados pudieran contribuir a acercamientos con organizaciones al margen de la ley. Su asignación depende directamente del Gobierno nacional, que también conserva la potestad de revocarla.
Salvatore Mancuso es un exjefe paramilitar que tuvo un papel central en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras su desmovilización y un proceso judicial en el que cumplió condenas en Colombia y Estados Unidos, su nombre había sido considerado en distintas coyunturas para participar en acercamientos con estructuras armadas, en medio de un debate nacional sobre los límites entre justicia transicional y construcción de paz.
La revocación se produce en un contexto de cambios en la política de seguridad y de redefinición de los interlocutores válidos para eventuales procesos de diálogo. Sectores políticos y de víctimas han planteado posiciones divergentes sobre el rol que figuras con pasado paramilitar puedan desempeñar en esas conversaciones.
La determinación afecta el rumbo de los acercamientos que se venían adelantando con grupos armados en los que Mancuso tenía incidencia. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han pedido claridad sobre los criterios con los que se nombra y se retira a los gestores de paz, así como sobre la transparencia del proceso.
Desde el ámbito jurídico, la decisión abre interrogantes sobre los efectos legales que tiene la revocación para Mancuso, especialmente en lo relacionado con compromisos adquiridos en su condición de gestor y con eventuales beneficios o garantías que esa figura pudiera ofrecerle dentro del marco legal colombiano.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado públicamente los motivos específicos que, más allá del sustento constitucional citado, llevaron a retirar a Mancuso de esa función. La revocación marca un giro en la estrategia oficial de diálogo y deja en suspenso la arquitectura de participación de exjefes paramilitares en esos procesos.
Lo que sigue es la definición de un nuevo esquema de gestores de paz por parte del Ejecutivo y la aclaración de las condiciones en las que se adelantarán los acercamientos con las estructuras armadas. Las partes involucradas en esos diálogos estarán a la expectativa de los lineamientos que fije el Gobierno en los próximos días.