El Gobierno nacional anunció la radicación de un proyecto de ley con más de 130 artículos que reforma el Estatuto antiterrorista vigente. La propuesta se centra en asfixiar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales que operan en Colombia, de acuerdo con lo publicado por Forbes Colombia.
Entre los mecanismos contemplados están sanciones financieras y el congelamiento de activos vinculados a estructuras investigadas por terrorismo y delitos conexos. La herramienta busca cortar el flujo de dinero que sostiene la operación logística y armada de esos grupos en distintas regiones del país.
El Estatuto antiterrorista, expedido a inicios de este siglo, es la norma que tipifica los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y administración de recursos ligados a actividades terroristas. Su reforma implica redefinir competencias de la Fiscalía, la judicatura especializada y las entidades de inteligencia financiera que intervienen en la cadena investigativa.
La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de organizaciones criminales es una línea prioritaria en la política de seguridad del actual Gobierno. En ese marco, la reforma se presenta como un instrumento legal para que la UIAF, la Superintendencia Financiera y los jueces puedan actuar con mayor rapidez sobre bienes y cuentas sospechosas.
El proyecto también abre interrogantes sobre el alcance del congelamiento de activos sin una condena previa y sobre los controles judiciales para evitar afectar a terceros de buena fe. Organizaciones de derechos humanos y gremios económicos suelen pedir garantías procesales en este tipo de figuras.
En clave política, la iniciativa llega al Congreso en un escenario de negociación con bancadas multipartidistas. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa serán las carteras llamadas a defender el articulado en las comisiones primeras de Cámara y Senado, según el trámite habitual de este tipo de leyes.
De aprobarse, la reforma obligaría a actualizar protocolos internos en bancos, notarías, casinos y entidades sin ánimo de lucro, sectores históricamente señalados como vulnerables al uso criminal. El impacto se mediría en la trazabilidad de operaciones sospechosas y en el número de investigaciones patrimoniales abiertas.
Por ahora, el texto completo no se ha hecho público y se espera que el articulado detalle los montos, los umbrales de sospecha y los plazos para la inmovilización de bienes. La discusión en el Legislativo será el termómetro de la prioridad que el Congreso le otorgue a esta reforma en la agenda de seguridad.