El Consejo de Ministros resolvió apartar al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, del expediente relacionado con el páramo de Santurbán. La decisión se adoptó luego de estudiar la recusación que habían radicado la comunidad de la zona y el Comité para la Defensa del Agua, según reportó UNIMINUTO Radio.
A partir de ese aval, el Ministerio de Ambiente ya no podrá pronunciarse de manera directa sobre los actos administrativos que tengan que ver con el ecosistema. En su lugar, un funcionario ad hoc será el encargado de revisar y resolver los asuntos pendientes del páramo.
El páramo de Santurbán, ubicado en la cordillera Oriental entre Santander y Norte de Santander, es uno de los ecosistemas de alta montaña más relevantes del país. Alberga fuentes de agua que abastecen a municipios de ambos departamentos y ha sido escenario de una disputa de años entre comunidades, autoridades ambientales y sectores productivos, en especial el minero.
La recusación es un instrumento jurídico que permite a los ciudadanos solicitar que un servidor público se aparte de un proceso cuando consideran que existe un conflicto de interés o una falta de imparcialidad. Cuando se declara probada, la autoridad competente designa a un funcionario distinto para que asuma el caso, garantizando así la transparencia del procedimiento.
La salida temporal del ministro implica que decisiones clave sobre el manejo ambiental del páramo quedarán en manos de un designado externo al despacho ministerial. Este funcionario tendrá que evaluar los actos administrativos en curso y pronunciarse sobre los puntos que la comunidad y el Comité habían puesto en discusión.
Para los habitantes de la región y los defensores del agua, la medida representa un reconocimiento de los cuestionamientos que venían planteando sobre la imparcialidad del Ministerio en este expediente. Las organizaciones ambientales suelen pedir que los actos administrativos en zonas de páramo se adopten con criterios técnicos y participación efectiva de las comunidades.
Desde el sector minero, las decisiones sobre Santurbán tienen efectos directos sobre la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en áreas cercanas al ecosistema. Cualquier determinación que tome el funcionario ad hoc podrá impactar tanto la protección del páramo como las expectativas económicas de quienes operan en la región.
Por ahora, el Ministerio de Ambiente no podrá firmar nuevos actos administrativos sobre Santurbán hasta que el funcionario ad hoc los revise o emita los suyos. El alcance exacto de la recusación, los temas específicos que deberá resolver y los plazos para esa transición dependerán de los lineamientos que publique la propia cartera y del desarrollo del proceso.
La resolución del Consejo de Ministros deja abierta la expectativa sobre cuál será el desenlace de los trámites pendientes en torno al páramo. Tanto las comunidades que recusaron como los actores económicos y ambientales de la zona estarán atentos al contenido de las próximas decisiones administrativas.
