La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Alexander Chala Sáenz, identificado en el documento como sargento en retiro del Ejército Nacional. El recurso legal solicita que se investigue al militar retirado por el delito de concierto para delinquir, figura penal que en Colombia castiga la organización de grupos con fines ilícitos.
Según la denuncia, Chala Sáenz habría realizado una convocatoria pública para confrontar al gobierno que asumirá Abelardo de la Espriella, presidente electo para el período que comienza en agosto de 2026. La actividad denunciada fue señalada como una forma de incitación dirigida a desconocer o desafiar la legitimidad del nuevo Ejecutivo.
El documento presentado ante la Fiscalía describe a Chala Sáenz como un suboficial retirado afín a sectores de la extrema izquierda y cercano al gobierno saliente de Gustavo Petro. Esta caracterización resulta relevante porque establece el contexto político de las afirmaciones y de la denuncia misma, según reportó Infobae.
En Colombia, el delito de concierto para delinquir está tipificado en el artículo 340 del Código Penal y contempla penas de prisión para quienes se asocien con el propósito de cometer delitos. Las denuncias por este tipo penal suelen ser el primer paso de un proceso que la Fiscalía debe evaluar para determinar si abre investigación formal o archiva el caso por falta de méritos.
El caso se inscribe en un patrón de tensiones entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Desde el resultado electoral, distintos sectores han expresado posturas divergentes sobre la transición, lo que ha incluido declaraciones cruzadas entre representantes del petrismo y de De la Espriella.
La figura de los militares en retiro que participan en política ha sido motivo de debate en el país. La normatividad colombiana permite a los uniformados en retiro ejercer sus derechos políticos, aunque existen restricciones para quienes se encuentran en servicio activo. El caso de Chala Sáenz se enmarca en esa zona de discusión sobre los límites de la participación política de exintegrantes de la Fuerza Pública.
La Fiscalía General de la Nación, encabezada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, deberá ahora evaluar el contenido de la denuncia y decidir si ordena la apertura de una indagación preliminar o si considera que los hechos denunciados no configuran delito. Esta decisión puede tardar semanas o meses, dependiendo de la complejidad del caso y la carga de trabajo del ente acusador.
Por ahora, no se conoce una respuesta pública de Alexander Chala Sáenz frente a la denuncia. Infobae, medio que publicó la información, tampoco reportó reacciones oficiales del gobierno de Gustavo Petro ni del equipo de transición de Abelardo de la Espriella sobre este caso particular.
El expediente queda en manos de la Fiscalía, que será la encargada de establecer si existió o no una conducta punible y, de ser el caso, formular la acusación correspondiente ante un juez de la República. Mientras tanto, la denuncia añade un nuevo capítulo a la crispación política que marca el cierre del actual gobierno y el inicio del periodo de De la Espriella.