La difusión de un borrador de decreto del Gobierno nacional encaminado a crear un sistema de guardias indígenas abrió un debate en distintos sectores del país. La iniciativa, que aún no es un texto definitivo, busca ordenar una figura que durante décadas ha funcionado de manera autónoma en los territorios, especialmente en zonas donde la presencia del Estado es limitada.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reaccionó al borrador con un comunicado público. "Este tipo de acciones que plantea el Gobierno genera un riesgo latente", respondió la organización, que agrupa a pueblos indígenas del suroccidente colombiano. El CRIC pidió que cualquier decisión sobre el tema se construya con las comunidades y no se imponga desde Bogotá.
Las guardias indígenas son cuerpos de protección comunitaria integrados por miembros de los pueblos originarios. Su función principal es cuidar los territorios, vigilar el cumplimiento de las normas internas y defender la vida dentro de los resguardos. Aunque la Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica del país, la regulación nacional de estas guardias ha sido un tema pendiente durante varios gobiernos.
La discusión se da en un contexto sensible. En regiones como el Cauca, el Putumayo y el norte del Cauca, las guardias indígenas han asumido tareas de seguridad territorial en zonas afectadas por la presencia de grupos armados y economías ilegales. Esa labor ha sido reconocida por organismos de derechos humanos, pero también ha generado tensiones con actores armados y con sectores que piden una mayor regulación estatal.
Para el Gobierno, según se ha planteado en otras ocasiones, regular la figura permitiría aclarar su alcance jurídico y su articulación con la fuerza pública. Para organizaciones como el CRIC, cualquier intervención del Ejecutivo sin consulta previa puede chocar con el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, protegido por la Constitución y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La reacción del CRIC no implica un rechazo total al diálogo. La organización insistió en que el borrador debe ser socializado con las autoridades indígenas antes de avanzar hacia un decreto definitivo. Ese paso es clave, porque la ley colombiana exige consulta previa cuando las medidas afectan de manera directa a comunidades étnicas.
En el Congreso y en organizaciones de derechos humanos ya se escuchan voces que piden mesas de trabajo con pueblos indígenas, ministerios del Interior y de Defensa, y con la Defensoría del Pueblo. El objetivo, según quienes lo proponen, es construir un marco que respete la autonomía territorial y, al mismo tiempo, ofrezca reglas claras sobre la actuación de estas guardias.
Por ahora, el borrador sigue en etapa de discusión. Queda pendiente la publicación del texto oficial, la apertura de espacios de consulta y la decisión final del Gobierno sobre si el decreto se expide tal como está, se ajusta o se archiva. Las comunidades indígenas, por su parte, preparan sus propias observaciones para hacerlas llegar al Ejecutivo en las próximas semanas.