Abelardo de la Espriella anunció el desmonte de la estrategia de Paz Total durante un acto público en Bucaramanga. La declaración marca un giro en la política de seguridad del Estado colombiano, ya que la Paz Total había sido la bandera del gobierno de Gustavo Petro desde 2022.
La Paz Total fue presentada por el gobierno anterior como un mecanismo para avanzar simultáneamente en negociaciones con grupos armados ilegales y en sometimiento a la justicia. Incluía acercamientos con el ELN, disidencias de las antiguas FARC y estructuras del crimen organizado, bajo el argumento de reducir la violencia mediante diálogos paralelos.
Durante sus primeros meses, la estrategia obtuvo resultados mixtos. El gobierno de Petro firmó acuerdos parciales con algunos grupos, como el ELN, y suspendió órdenes de captura a integrantes de estructuras específicas. Sin embargo, distintos informes de organismos de seguridad y de organizaciones civiles registraron incrementos en hechos de violencia en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el sur de Bolívar.
La decisión de De la Espriella de desmontar la política se apoya en el diagnóstico de que la Paz Total no logró los descensos esperados en indicadores como masacres, secuestro y desplazamiento forzado. Sectores críticos de la estrategia venían señalando que los diálogos, en la práctica, habían permitido la expansión territorial de algunos grupos armados.
La seguridad se convierte ahora en el eje central de su gobierno. El anuncio implica un reenfoque de capacidades del Estado hacia la protección de la población civil, la lucha contra el crimen organizado y la recuperación del control territorial en zonas afectadas por la violencia.
La medida tendrá efectos sobre las mesas de diálogo abiertas con grupos armados. Las delegaciones negociadoras deberán esperar instrucciones del nuevo gobierno para definir si los procesos continúan, se suspenden o se reformulan bajo nuevas condiciones.
Para la ciudadanía, el cambio de enfoque puede traducirse en mayor presencia de la fuerza pública en zonas rurales, donde comunidades han reportado amenazas, extorsiones y confinamientos. Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han pedido que cualquier nueva estrategia incluya garantías de no repetición y mecanismos de protección.
Desde Bucaramanga, escenario elegido para el anuncio, De la Espriella ha sostenido que la prioridad será devolver la tranquilidad a los colombianos. La ciudad, capital de Santander, ha sido escenario de recientes hechos de inseguridad que han incrementado la percepción de riesgo entre sus habitantes.
Queda pendiente conocer los detalles del nuevo plan de seguridad: la articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las gobernaciones, así como el tratamiento que recibirán los procesos de diálogo en curso. El gobierno también deberá definir el rumbo de la política de reintegración de excombatientes.